DECRETO - LEY 10.081/83
-CODIGO RURAL-
TEXTO
ACTUALIZADO DEL DECRETO - LEY 10.081/83 - CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR LAS LEYES 10.462, 11.477, 12.063 , 12.257 y 12.608.
TITULO PRELIMINAR
ARTICULO 1°: Este código regula los
hechos, actos y bienes de la actividad rural de la provincia de Buenos Aires,
en materias que la
Constitución Nacional atribuye a su jurisdicción.
ARTICULO 2°: A los efectos de este
código se entiende por establecimiento rural todo inmueble que, estando situado
fuera de los ejidos de las ciudades o pueblos de la Provincia , se destine a
la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de granja o cultivo de la
tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.
ARTICULO 3°:
También se entiende por establecimiento rural y sometidos a las disposiciones
de este código, toda otra forma de explotación derivada directa o
indirectamente de la actividad rural, esté ubicado o no dentro de los ejidos
urbanos y tenga o no domicilio rural.
ARTICULO 4°:
El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar el manejo y tenencia de
colonias de abejas y otras especies animales y vegetales, estableciendo las
limitaciones administrativas al ejercicio de tales actividades.
ARTICULO 5°:
Cuando este Código, en cualquiera de sus disposiciones, se refiere a las
obligaciones y derechos del propietario, se entenderá comprendido al poseedor,
arrendatario, aparcero o tenedor por cualquier título del predio, salvo que el
texto establezca excepciones o discriminaciones.
ARTICULO 6°:
El presente código reconoce la propiedad intelectual de nuevas variaciones de
plantas o de razas de animales con valor económico creadas en el territorio de la Provincia. El Poder
Ejecutivo está facultado para establecer un registro al efecto.
ARTICULO 7°:
Las violaciones a las normas del presente código que no tengan prevista pena
especial, serán castigadas con las sanciones que determine la Ley Rural de Faltas.
ARTICULO 8°:
El Poder Ejecutivo queda facultado para propiciar y difundir la enseñanza técnica
y realizar la asistencia educativa, específicas o la comunidad rural, tendiente
a elevar los niveles de vida y de producción y el mejor uso de los recursos
naturales, en el modo y forma que la reglamentación establezca.
LIBRO PRIMERO
DEL SUELO
SECCION PRIMERA
LA PROPIEDAD RURAL
TITULO I
DELIMITACION
CAPITULO I
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
ARTICULO 9°:
Todo propietario de un inmueble clasificado como establecimiento rural está
obligado a tenerlo deslindado y amojonado.
ARTICULO 10°: El Poder Ejecutivo queda
facultado para reglamentar:
a) El modo y la
distancia a que deberán colocarse los mojones.
b) Material con que se
confeccionarán los mojones y sus condiciones exteriores.
c) Las excepciones al
artículo anterior.
ARTICULO 11°: El deslinde y amojonamiento
podrá hacerse judicial o extrajudicialmente. En este último caso se hará por
escritura pública suscripta por los colindantes.
ARTICULO 12°: La remoción y reposición de
mojones se hará con la intervención del organismo competente y citación de los
colindantes. De la operación se levantará un acta y se entregará una copia a
los interesados que la soliciten, archivando el original en su poder. Esta
disposición no rige para los casos de mensura judicial.
ARTICULO 13°: El propietario que
encuentre removido uno o más mojones podrá requerir que se practique una
inspección ocular con la presencia de dos testigos. Cumplida la diligencia se
labrará un acta, entregándose una copia al propietario, a los efectos de la
reposición.
ARTICULO 14°: Quien no diere cumplimiento
a las disposiciones de deslinde sin causa justificada, será sancionado con una
multa, sin perjuicio de ser emplazado para que realice los trabajos bajo
apercibimiento de ser efectuados a su costa. El que removiere o reemplazare
mojones sin observar lo dispuesto en el artículo 12 será penado con multa.
CAPITULO II
CERCOS
ARTICULO 15°:
Todo establecimiento rural deberá cercarse por su límite y frente a caminos
públicos, siempre que el gasto del cerco no sea superior al 10 % de la
valuación fiscal del inmueble.
ARTICULO 16°:
El Poder Ejecutivo determinará el plazo dentro del cual deberá cumplirse la
obligación de cercar, en las diferentes zonas de la Provincia , el material a
emplearse y tipos de tranqueras.
ARTICULO 17°:
En caso de incumplimiento y sin perjuicio de la multa que corresponda al
contraventor, el organismo competente intimará la realización de la obra dentro
de un término no mayor de seis meses bajo apercibimiento de hacerla por cuenta
del obligado.
ARTICULO 18°: El valor de lo invertido
por la autoridad será abonado por los propietarios en cuyo beneficio se
construyó el cerco, debiendo perseguirse su cobro, en caso necesario, por la
vía de apremio.-
ARTICULO 19°: Es obligación de los
colindantes mantener los cercos divisorios en buen estado y repararlos en caso
de deterioro o destrucción. Los gastos emergentes serán soportados en la
proporción lineal en que se aproveche el cerco de que se trata salvo dolo o
culpa imputable a alguno de ellos o de los que estén a su servicio.
ARTICULO 20°: Los trabajos de
mantenimiento y reparación de los cercos divisorios podrán ser realizados por
cualquier colindante, previo aviso formal a los demás.
ARTICULO 21°:
El propietario que cerque su establecimiento rural deberá respetar las
servidumbres que tenga constituidas a favor de los otros predios y efectuar el
trabajo de manera que no perjudique el tránsito público y el desagüe natural de
los terrenos.
ARTICULO 22°: Queda prohibido construir
corrales sobre cercos divisorios o realizar sobre los mismos obras que los
perjudiquen.
ARTICULO 23°: Los propietarios de
inmuebles rurales colindantes están obligados al pago de la medianería al
propietario colindante que construya o tenga construido un cerco que contribuya
a cerrar su propiedad, determinándose la cantidad a pagar por cada lindero en
función de la extensión lineal de que se aproveche.
ARTICULO 24°: No se podrá reclamar la
concurrencia al pago del cerco divisorio cuando éste no reúna las condiciones
mínimas de seguridad y duración que establezca por reglamentación el Poder
Ejecutivo, ni por un costo superior al de un cerco usual, aunque al vecino lo
haya hecho construir a mayor costo.
ARTICULO 25°: Los cercos construidos
dentro de las zonas expropiadas para caminos públicos podrán ser retirados por la Provincia o las
municipalidades, haciendo a su costa los cercos y pagando solo la indemnización
que corresponda por el terreno desalojado y por las construcciones que
existieran en él.
CAPITULO III
CAMINOS PUBLICOS
ARTICULO 26°:
Los propietarios de un fondo rural están obligados a permitir:
1) Que se depositen
transitoriamente sobre sus propiedades por el plazo que el organismo competente
determine, las tierras u otros materiales provenientes de la construcción,
reparación o limpieza de los caminos, prefiriendo dentro de cada predio los
sitios próximos al camino indicado por los mismos propietarios. Los materiales
arrojados deberán colocarse de manera que no dejen desperfectos en el natural
declive de los terrenos de dominio privado.
2) El acarreo de los materiales
destinados exclusivamente a la construcción o conservación de los caminos
públicos, por los puntos menos perjudicables al predio.
3) La ocupación temporaria
de los terrenos para depósito en los materiales, herramientas, maquinarias u
otros objetos, así como el establecimiento de carpas u otros tipos de viviendas
provisionales en cuanto sean necesarios para el estudio, construcción y
conservación de los caminos y por el tiempo absolutamente indispensable para
esos trabajos, debiendo imponerse la obligación en condiciones que molesten
menos a los propietarios.
4)
El pastoreo de los animales utilizados en los vehículos o maquinarias en las
condiciones del inciso anterior. Esta obligación sólo podrá imponerse en campos
de pastoreos naturales y no cultivados y el pago del pastoreo se abonará de
acuerdo con el precio vigente en la zona.
5)
La extracción de toda clase de materiales expropiados para la construcción y
reparación de los caminos próximos a ellos.
La
extracción se verificará tratando de perjudicar lo menos posible al propietario
y en cuanto sea racional, dejando el terreno en condiciones de nivel o declive
semejantes a aquellas en que se hallaban antes de la misma.
ARTICULO 27°: Están exentos de las
obligaciones a que se refiere el artículo anterior, las casas, patios,
corrales, huertas, jardines y otros sitios similares.
ARTICULO 28°: La Provincia deberá
restituir los terrenos y las cosas al estado en que se encontraban antes de las
situaciones previstas por el artículo 26.
ARTICULO 29°: Cuando la Provincia no
restituyere las cosas al estado anterior, el propietario podrá reclamar
indemnización por los perjuicios que le irroguen las obligaciones que le
imponen el artículo 26.
ARTICULO 30°: Las obligaciones
mencionadas en el artículo 26 sólo podrán exigirse previo aviso al propietario
con un plazo no menor a cinco días hábiles. La notificación deberá acompañarse
de la pertinente resolución del organismo competente.
ARTICULO 31°: Todos los caminos de la
Provincia son públicos, salvo que comiencen y terminen dentro de una misma
heredad. No obstante, un camino será considerado público si de hecho ha estado
pública o notoriamente entregado al uso común. Cuando para poder tener acceso a
un camino público sea imprescindible utilizar un camino privado, los
propietarios de los fundos respectivos están obligados a permitir el paso.
ARTICULO 32°: Es obligación de los
propietarios mantener en buen estado de conservación los accesos de sus fondos
a los caminos públicos.
ARTICULO 33°: Queda absolutamente
prohibido a los particulares realizar cualquier tipo de obra, construcción o
instalación que de algún modo dañe, cierre, obstruya o desvíe en forma directa
o indirecta un camino público o el tránsito público.
ARTICULO 34°: A pesar de lo dispuesto en
el artículo anterior, podrán realizarse obras, construcciones o instalaciones
que de algún modo se relacionen con un camino público, con expresa autorización
del organismo competente. Este sólo la otorgará si la obra, construcción o
instalación beneficia al camino y al tránsito, garantiza la seguridad pública,
no obstaculiza la conservación del camino y encuadra en las disposiciones
legales reglamentarias.
ARTICULO 35°: Las obras, construcciones o
instalaciones efectuadas en violación de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores serán destruidas por la autoridad por cuenta del contraventor, en
cualquier tiempo, si luego de la intimación formulada no restituya las cosas al
estado anterior, en el plazo que se le indique, el que no podrá exceder de treinta
días, todo sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderla.
ARTICULO 36°: En los caminos públicos el
Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones especiales y los casos que se
podrán permitir los accesos de otros caminos, calles, propiedades linderas, en
forma tal que se contemplen preferentemente la seguridad y comodidad del
tránsito.
Esta reglamentación tendrá
en cuenta también las restricciones que al uso de la propiedad privada deban
imponerse para obtener:
1)
Visibilidad amplia.
2)
Condiciones del tipo de edificación e instalaciones.
3)
Conservación de bellezas naturales.
4)
Creación y mantenimiento de arboledas.
ARTICULO 37°: Los propietarios y
concesionarios de acequias y canales, que atraviesan un camino público, deberán
construir puentes o acueductos, con permiso previo del organismo competente.
ARTICULO 38°: El Poder Ejecutivo
determinará por vía de reglamentación la distancia mínima a la que podrá
edificarse en los inmuebles con frente a caminos públicos.
ARTICULO 39°: Queda prohibido a los
propietarios colindantes efectuar trabajos u obras que tengan por resultado
desviar artificialmente hacia el camino las aguas pluviales o las de acequias y
canales o impedir la recepción de las aguas que provengan del camino.
ARTÍCULO 40: (Texto según Ley 12.063) Los
propietarios que donaren al Estado fracciones de tierra con destino a la
apertura, construcción, rectificación o ensanche de caminos quedarán exentos
del pago de la contribución de mejoras hasta la concurrencia del valor de lo
donado. También operará en forma automática la reducción del impuesto
inmobiliario de manera proporcional a la superficie afectada.
Los propietarios que planten
árboles de sombra en los costados del camino, tendrán derecho a compensar la
contribución de mejores hasta un valor equivalente al doble del costo de las
plantaciones, a partir del segundo año de la plantación."
ARTICULO 41°: El organismo competente
puede autorizar la construcción de caminos públicos para unir localidades o
fundos rurales a pedido de los particulares, siempre que éstos donen los
terrenos por donde pasarán
ARTICULO 42°: Todo profesional con título
habilitante que autorice planos de inmuebles rurales está obligado en todos los
casos a configurar en los mismos y a mencionar, en la respectiva memoria
descriptiva que presente, los caminos públicos existentes dentro de la
propiedad o en sus límites. Las oficinas técnicas no aconsejarán la aprobación
de los planos que no llenen estros requisitos.
TITULO II
LA UNIDAD ECONOMICA
CAPITULO UNICO
ARTICULO 43°: El organismo competente
ejercerá el contralor de la subdivisión de inmuebles rurales destinados a la
explotación agropecuaria, asegurando que los lotes resultantes no estén por
debajo de las superficies mínimas que el Poder Ejecutivo determine mediante
reglamentación, como constitutivas de la unidad económica de explotación. La
determinación de las superficies constitutivas de la unidad económica, deberá
efectuarse teniendo en cuenta las características de la zona, la calidad de la
tierra, el tipo de cultivo y la existencia o falta de riego, estableciéndose su
extensión de modo de permitir una explotación próspera.
ARTICULO 44°: A los efectos del artículo
anterior toda subdivisión de inmuebles que se realice, con destino a la
actividad agropecuaria, deberá ser aprobada por el organismo competente, sin
cuyo requisito previo no procederán las inscripciones correspondientes en las
dependencias provinciales ni su protocolización en los registros notariales.
Los titulares del dominio que deseen obtener la aprobación a que se refiere
este artículo, deberán acompañar al plano que proponen un estudio agroeconómico
demostrativo de la conveniencia de la subdivisión suscripto por profesionales
matriculado especializado.
ARTICULO 45°: El organismo competente
elevará al Poder Ejecutivo, para su aprobación, la determinación que efectuará
de partidos o zonas agrarias, obteniendo las dimensiones que en cada caso
correspondan a la unidad económica. En tal supuesto, los interesados en efectuar
subdivisiones podrán solicitarlas sin presentar el estudio agroeconómico a que
se refiere el artículo anterior, siempre que se acredite que la subdivisión no
altera las dimensiones señaladas en la precitada reglamentación.
ARTICULO 46°: Los particulares que
demuestren mediante el estudio citado que las dimensiones de unidad económica
del inmueble que procuran dividir son diferentes de las establecidas por el
Poder Ejecutivo, podrán deducir recurso administrativo contra la decisión
denegatoria que pueda dictar el organismo competente, pudiendo entablar en su
oportunidad demanda contencioso administrativa.
TITULO III
CONSERVACION DE LA PROPIEDAD RURAL
CAPITULO UNICO
AMBITO PUBLICO Y PRIVADO
ARTICULO 47°: Declárase de interés
público en todo el territorio de la Provincia la conservación del suelo
agrícola, entendiéndose por tal el mantenimiento y mejora de su capacidad
productiva.
ARTICULO 48°: Para la aplicación de las
normas sobre conservación de suelos y el mantenimiento de su fertilidad, el
Poder Ejecutivo deberá determinar previamente las regiones o áreas de suelos
erosionados, agotados y degradados.
A tal efecto se entiende
por:
a)
Erosión: el proceso de remoción y transporte notorios de las partículas de
suelo por acción del viento y/o del agua en movimiento, que determinaran la
pérdida de su integridad.
b)
Agotamiento: disminución notoria de la aptitud productiva intrínseca del suelo
por excesiva extracción de nutrientes y sin la debida reposición de los mismos.
c)
Degradación: (salinización, alcalinización y acidificación), ruptura del
equilibrio de las propiedades físico - químicas del suelo que condicionan su
productividad, particularmente originada por su explotación inadecuada o por el
régimen hidrológico.
ARTICULO 49°: El Poder Ejecutivo, por
intermedio del organismo competente, controlará la conservación del suelo, a
cuyo efecto estará facultado para:
a)
Efectuar el relevamiento edafológico del territorio de la Provincia y
establecer la aptitud de las tierras para agricultura, ganadería, bosque y
reserva.
b)
Determinar y difundir técnicas de manejo cultural y recuperación de suelos.
c)
Establecer normas obligatorias para el mejor aprovechamiento de la fertilidad y
fijar regímenes de conservación.
d)
Ejecutar obras imprescindibles de conservación del suelo que por razones de
magnitud o localización quedan excluidas de la acción privada.
e)
Asesorar en la ejecución de trabajos de conservación del suelo agrícola y
propender a la formación de una conciencia conservacionista desde la enseñanza
elemental.
f)
Formar técnicos especializados en conservación de suelos.
ARTICULO 50°: El Poder Ejecutivo podrá
prohibir o limitar temporariamente la decapitación del suelo agrícola para
fines industriales cuando ello implique riesgo para el mantenimiento de
reservas hortícolas vecinas a centros urbanos.
Por decapitación debe
entenderse la eliminación de la capa superficial del suelo cultivable y que
anula sus condiciones naturales para la producción agrícola.
ARTICULO 51°: Podrán declararse de
utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de propiedad privada
erosionadas, agotadas o degradadas o que en ellas se hallen dunas, médanos,
lagunas permanentes o estén ubicadas en las nacientes de los ríos. La
disponibilidad de las mismas queda circunscripta única y exclusivamente a la
aplicación de planes de recuperación y su explotación deberá efectuarse bajo
regímenes conservacionistas. El Poder Ejecutivo concretará la expropiación
mediante el régimen legal vigente.
ARTICULO 52°: El Poder Ejecutivo queda
facultado para:
a)
Determinar la posibilidad agrológica del regadío en las regiones donde se
proyecten obras de riego.
b)
Clasificar los suelos por su aptitud para el riego en los proyectos oficiales
de aprovechamiento hídrico, de acuerdo con lo cual se fijará el área a regarse
en cada uno.
c)
Establecer en las regiones libradas o a librarse al regadío de cultivos,
sistemas de avenamiento, caudales, dotaciones y turnos racionales de riego que
correspondan a los mismos.
d)
Investigar los recursos naturales de la provincia en materia de fertilizantes
(abonos y correctores).
e)
Establecer la condición de fertilizantes y verificar su composición y calidad.
f)
Determinar la eficacia de los abonos y correctores y fomentar su uso racional.
g)
Llevar estadísticas completas sobre fertilizantes.
ARTICULO 53°: El propietario u ocupante
legal de un predio está obligado a:
a)
Denunciar la existencia de erosión o degradación manifiesta de los suelos.
b)
Ejecutar los planes oficiales de prevención y lucha contra la erosión,
degradación y agotamiento de los suelos que se establezcan.
c)
Realizar en su predio los trabajos necesarios de lucha contra la erosión o
degradación por salinización tendientes a evitar daños a terceros.
ARTICULO 54°: Si los trabajos a que se
refieren los incisos b) y c) del artículo anterior no se llevaran a cabo, el
organismo competente emplazará al propietario u ocupante legal a ejecutar los
mismos. Vencido el término del emplazamiento, en caso de no haberse efectuado
tales trabajos y salvo razones de fuerza mayor, procederá a realizarlos por
cuenta y riesgo del responsable, sin perjuicio de las sanciones que
reglamentariamente se establezcan.
ARTICULO 55°: El Poder Ejecutivo adoptará
las medidas indispensables para que en el planeamiento y ejecución de obras
públicas (caminos, vías férreas, defensa de márgenes fluviales, canales,
urbanizaciones, etc.) se apliquen las técnicas de conservación del suelo y del
agua.
ARTICULO 56°: El Poder Ejecutivo
propiciará la constitución de consorcios voluntarios de productores para la
conservación del suelo.
ARTICULO 57°: El organismo competente
podrá elevar para su aprobación por el Poder Ejecutivo las prácticas o técnicas
que deberán cumplimentar los titulares de dominio al realizar sus explotaciones
agropecuarias.
El desconocimiento de tales
reglamentos permitirá al citado organismo, una vez intimado el productor y
comprobada la contravención, calificar el ejercicio irregular del dominio, en
el área o áreas que se señalen. Tal calificación permitirá al organismo
competente disponer la prohibición de los trabajos realizados y la ejecución de
las medidas de conservación que el reglamento del Poder Ejecutivo autorice.
SECCION SEGUNDA
REGIMEN DE TRANSFORMACION AGRARIA
TITULO I
DE LA COLONIZACION
CAPITULO I
INMUEBLES PARA COLONIZAR
ARTICULO 58°: El Poder Ejecutivo afectará
al régimen de colonización regulado por este código las tierras fiscales que
considere aptas para tal fin y las privadas que por cualquier título se incorporan
a este régimen, a cuyo efecto desarrollará su cometido con sujeción a las
presentes normas y a las que concordantemente establezca por vía reglamentaria.
ARTICULO 59°: Las tierras para colonizar
serán divididas en lotes que constituyan unidades económicas de explotación. Se
organizarán colonias de adjudicatarios acordes con los dictados de la economía,
de la convivencia social y de la técnica y ciencia agrícola.
ARTICULO 60°: En cada colonia podrán
reservarse las superficies que se consideren necesarios para instalación de
escuelas, centro cívicos, institutos de investigaciones, chacras experimentales
puestos camineros, cooperativas, comercios o cualquier otra unidad conveniente
para el interés común.
ARTICULO 61°: Las parcelas a que se hace
referencia en el artículo anterior podrán transferirse, arrendarse o
adjudicarse en venta mediante licitación, remate público o en forma directa.
ARTICULO 62°: Las fracciones de tierras
sobrantes y las mejoras incorporadas a las mismas, que resulten inadecuadas a
los fines de la colonización, podrán ser enajenadas mediante licitación o
remate público. Cuando se trate de entidades oficiales o particulares de bien
público, la venta podrá realizarse en forma directa.
ARTICULO 63°: La colonización privada se realizará
de acuerdo a la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte.
CAPITULO II
EXPROPIACION DE INMUEBLES
ARTICULO 64°: Sólo podrán expropiarse con
fines de colonización, previa declaración de utilidad pública, por ley especial
en cada caso, aquellos inmuebles que sean insuficientemente explotados. Se
consideran como tales cuando la inversión realizada en ellos no alcanzara al 50
% de su valuación fiscal actualizada, comprendiéndose como inversión toda
mejora, cultivo, plantación o cualquier clase de gasto de explotación,
incluyendo el valor de las maquinarias y de los animales que allí se mantengan.
ARTICULO 65°: En todos los trámites
expropiatorios necesarios para la adquisición de inmuebles se aplicará la ley
general de expropiaciones vigentes en la Provincia.
CAPITULO III
OCUPACION DE INMUEBLES ADQUIRIDOS
ARTICULO 66°: A los ocupantes de
inmuebles en el momento en que éstos fueren incorporados al régimen de
colonización, que hubieren trabajado en los mismos por lo menos durante los dos
últimos años agrícolas y reunieren los requisitos exigidos en el artículo 72 se
les podrá adjudicar directamente las unidades económicas en que se subdividen.
A tales efectos, una vez dividido el inmueble y fijado el valor de los lotes
resultantes, el organismo competente los ofrecerá en adjudicación a los
ocupantes ajustados a las condiciones establecidas, quienes deberán decidirse
por escrito dentro del plazo de noventa días de notificados.
ARTICULO 67°: Los ocupantes que no
manifiesten interés en la adjudicación ofrecida y los que no encuadran en las
exigencias establecidas, deberán desocupar el inmueble dentro del plazo que
para cada caso determine el Poder Ejecutivo.
CAPITULO IV
PRECIO DE VENTA Y FORMA DE PAGO
ARTICULO 68°: El precio de venta de los
lotes, sus cuotas de amortización y tasa de interés, serán fijados por el Poder
Ejecutivo observando directa relación con el valor de productividad y con el
valor promedio de venta de los campos de la zona durante los dos últimos años,
a fin de que en armonía con el tipo de explotación prevista, el adjudicatario
pueda atender la deuda con normalidad mediante su trabajo habitual.
ARTICULO 69°: El lote será pagado por el
adjudicatario en la siguiente forma:
a)
El diez por ciento, como mínimo, de su valor al contado;
b)
El saldo del precio, mediante cuotas semestrales, en un plazo máximo de quince
años.
ARTICULO 70°: Podrá concederse prórroga
para el pago de las cuotas estipuladas cuando mediaren causas justificadas.
ARTICULO 71°: El adjudicatario podrá
efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine el Poder
Ejecutivo.
CAPITULO V
ADJUDICACION DE LOTES
ARTICULO 72°: Con excepción de los casos
previstos por el artículo 66 los lotes resultantes de la subdivisión serán
ofrecidos públicamente para ser adjudicados con promesa de venta a los
aspirantes que reúnan las condiciones siguientes:
a)
Poseer la aptitud personal, capacidad económica y antecedentes agrarios
suficientes, a juicio del organismo competente, para realizar una explotación
racional del lote;
b)
Buena conducta y moralidad suficientemente acreditadas;
c)
No ser propietario él ni su cónyuge o alguno de los familiares a su cargo de
otro predio rural que constituya unidad económica; ni tener una cuota parte en
condominio o sociedades, representativa de aquella unidad económica;
d)
No desarrollar habitualmente otra actividad económica que haga presumir que el
lote constituirá una fuente de recursos complementaria de su economía familiar.
ARTICULO 73°: Los lotes se adjudicarán
por concurso entre quienes reúnan las condiciones requeridas por el artículo
anterior. Se le dará la mayor publicidad y permanecerá abierto por un mínimo de
treinta días.
ARTICULO 74°: En igualdad de condiciones
se dará preferencia al aspirante que tenga familia a su cargo, que viva o
trabaje con él y a colonos de la provincia sobre los que haya recaído sentencia
judicial de desalojo por causas que no les sean imputables.
ARTICULO 75°: Si a juicio del organismo
competente hubiera aspirantes que reunieran iguales condiciones para la
adjudicación, se procederá a sortearlos, con la debida publicidad y
conocimiento de los interesados.
ARTICULO 76°: No se adjudicará más de una
unidad económica a una misma persona.
CAPITULO VI
OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS
ARTICULO 77°: El adjudicatario con
promesa de venta tendrá las siguientes obligaciones:
a)
Efectuar los pagos correspondientes en la forma estipulada;
b)
Residir verdadera y permanentemente en el lote con su familia y explotarlo
directamente en forma racional;
c)
Construir su vivienda de acuerdo con las condiciones y en el plazo que se
establezca;
d)
No ceder, ni arrendar total o parcialmente el lote;
e)
Conservar en buen estado las mejoras existentes en el lote;
f)
Cumplir las normas generales de explotación que impartan para cada colonia.
CAPITULO VII
EXTINCION DE LAS ADJUDICACIONES
ARTICULO 78°: Las adjudicaciones
caducarán por renuncia, abandono del lote, incapacidad física o fallecimiento
de su titular o por cancelación dispuesta por incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en el capítulo que antecede o en la promesa de
venta.
ARTICULO 79°: Por excepción a lo
dispuesto en el artículo anterior, podrá transferirse la adjudicación:
a)
En caso de renuncia, abandono del lote o incapacidad física, al cónyuge, hijos
u otra persona - en este orden de preferencia- que reuniere las condiciones del
artículo 72 y hubiere residido y trabajado en el lote por lo menos durante los
dos últimos años agrícolas;
b)
En caso de fallecimiento, al cónyuge o herederos en el orden y con los derechos
prioritarios fijados en el Código Civil o, a falta de éstos, persona
capacitada; siempre que reuniere las condiciones señaladas en el inciso
anterior.
ARTICULO 80°: Declara la caducidad por
renuncia, abandono del lote, incapacidad física o fallecimiento, el 25% de las
amortizaciones con más la totalidad de los intereses devengados hasta la fecha
de recuperación del lote, quedarán como pago de la ocupación.
En el supuesto de
cancelación, se retendrán por el mismo concepto la totalidad de los intereses y
amortizaciones que correspondan hasta la entrega del lote.
En todos los casos las
mejoras útiles a la explotación incorporadas por el adjudicatario se
indemnizarán al valor que tengan a la fecha de reintegro del lote.
Las sumas que en caso de
caducidad por fallecimiento, correspondieren a favor del causante serán
depositadas a la orden del juez competente y a nombre de la sucesiva.
CAPITULO VIII
TRANSMISION DEL DOMINIO
ARTICULO 81°: Cumplidas las obligaciones
establecidas en el artículo 77 y a los cinco años a partir de la fecha de toma
de posesión, se otorgará al adjudicatario la escritura traslativa de dominio,
con garantía hipotecaria a favor de la Provincia por el saldo del precio del
lote y por un plazo máximo de diez años.
ARTICULO 82°: El colono no podrá
transferir ni gravar el lote a favor de terceros si previamente no ha saldado
su obligación hipotecaria. Tal prohibición se insertará como cláusula especial
en la respectiva escritura.
TITULO II
REGIMEN DE VENTA DE TIERRAS FISCALES EN EL DELTA
DEL PARANA BONAERENSE
CAPITULO I
DE LA VENTAS DE TIERRAS FISCALES
ARTICULO 83°: Las tierras fiscales libres
de ocupantes situados en el Delta de Paraná Bonaerense podrán ser vendidas a
personas físicas o jurídicas en superficies que permitan su racional
explotación en actividades compatibles con la política que establezca el Poder
Ejecutivo para la región.
ARTICULO 84°: La fracción en venta,
cuando cuente con acceso directo a curso de agua navegable o camino público, no
podrá tener un frente superior a la mitad del fondo, salvo aquellos casos en
que la aplicación de tal limitación no permita una racional explotación.
No podrá venderse la
totalidad de la tierra fiscal ofrecida en cada concurso de compradores a una
misma persona física o jurídica. El Poder Ejecutivo determinará el máximo de
fracciones y/o superficie a enajenar a cada adquirente.
ARTICULO 85°: Los interesados que posean
industrias elaboradas de productos explotables en las tierras a enajenar no
podrán ser adquirentes de superficies cuya producción estimada de materia prima
supere el cincuenta (50) por ciento de sus necesidades de abastecimiento.
ARTICULO 86°: Los interesados deberán
presentar la pertinente solicitud de compra ante la autoridad de aplicación,
juntamente con un plan tentativo de explotación con indicación estimativa de
las mejoras a realizar.
ARTICULO 87°: La venta se efectuará a
aquellas personas físicas o jurídicas que, habiendo cumplimentado los
requisitos precedentemente establecidos, demuestren en concurso público poseer
capacidad económica suficiente para proceder a la explotación de la tierra
fiscal que se venda y reúnan las demás condiciones que la reglamentación
determine.
Si existieren interesados
que reunieren similares condiciones para aspirar a la compra, se tendrá en
cuenta como elemento de ponderación las modalidades de pago más beneficiosas
para el Estado provincial; si subsistieran las condiciones de paridad se
efectuará su selección por sorteo, que se realizará con la debida publicidad y
conocimiento de los postulantes.
ARTICULO 88°: El precio de venta de la
tierra libre de mejoras y ocupantes lo fijará el organismo de aplicación con
sustento de los siguientes antecedentes:
a)
El valor productivo de la tierra en los últimos tres (3) años.
b)
Los valores registrados para la zona o zonas próximas en subastas judiciales y
particulares.
c)
Los valores de tasación registrados en entidades bancarias oficiales.
d)
Tasaciones efectuadas para las tierras fiscales a vender por los organismos
provinciales competentes.
ARTICULO 89°: Los compradores podrán
optar por abonar el precio establecido al contado o con las siguientes
facilidades:
a)El
cincuenta (50) por ciento a la firma del boleto de compraventa y toma de
posesión del inmueble.
b)
El cincuenta (50) por ciento restante en el plazo y forma que el Poder
Ejecutivo establezca en oportunidad de cada llamado teniendo en cuenta la
extensión de la fracción, calidad y explotación susceptible de realizar en la
misma.
El
saldo de precio será garantizado con hipoteca en primer grado de privilegio a
favor del Estado provincial, y devengará un interés sobre saldo pagadero por
trimestre adelantado, cuya tasa se fijará para cada llamado a concurso teniendo
en cuenta las que se apliquen en plaza para operaciones similares y reajustable
en la forma que determine la reglamentación.
Los
compradores podrán realizar amortizaciones extraordinarias en cualquier
momento, no inferiores al cinco (5) por ciento del monto total de la deuda
originaria.
La
reglamentación determinará el interés punitorio que se aplicará por no
cumplimiento en término de las obligaciones de pago y la autoridad de
aplicación podrá conceder prórrogas para el pago de los servicios de intereses
y de amortización cuando los compradores acrediten debidamente circunstancias
de fuerza mayor y/o caso fortuito que impidieran el cumplimiento en término.
ARTICULO 90°: Seleccionado el comprador mediante el procedimiento
regulado por el artículo 87 se suscribirá por la autoridad de aplicación el
correspondiente boleto de compraventa y en el mismo acto se abonará por el
adquirente la parte de precio que corresponde y se le hará entrega de la
posesión del predio fiscal.
ARTICULO 91°: La reglamentación establecerá el plazo dentro del cual
los compradores deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a)
Mensura de la fracción prometida en venta, a costa del comprador.
b)Presentación
del plan definitivo de explotación, con especificación de las obras de
infraestructura a realizar y demás requisitos que reglamentariamente se
establezcan.
El
plazo que se establezca deberá ser proporcional a la superficie vendida y a la
naturaleza de la fracción objeto de la operación.
Será
condición del contrato que el incumplimiento de las obligaciones impuestas por
el presente artículo dará lugar a la resolución del mismo de pleno derecho y
con pérdida a favor del Estado provincial de las sumas abonadas por el
comprador y de las mejores introducidas, en concepto de indemnizador de los
daños y perjuicios causados por el incumplimiento y por la ocupación de la
tierra fiscal. Producida la resolución del boleto de compraventa el comprador
deberá desocupar la fracción dentro del plazo que fije la reglamentación y bajo
apercibimiento de aplicarle una multa diaria que se determinará en la misma
forma y sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar el organismo de
aplicación para su inmediato desalojo.
ARTICULO 92°: Cumplimentada la mensura y
aprobado el plan definitivo de explotación, se procederá el otorgamiento de la
escritura traslativa de dominio dentro de los noventa (90) días de efectivizado
el último de tales requisitos, siendo condición de venta que la misma se
celebre por ante la Escribanía General de Gobierno.
La escritura pública se
integrará con el plan de explotación establecido y deberá explicitar claramente
el carácter revocable del dominio que se transmite de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos siguientes.
ARTICULO 93°: El plan de explotación
aprobado deberá ser completado proporcionalmente por el comprador de un setenta
(70) por ciento dentro del plazo máximo de diez (10) años, debiendo ejecutarse
en un ritmo adecuado con su normal desarrollo en el término precedentemente
fijado y cumpliéndose con los plazos parciales previstos para sus diferentes
etapas.
Será condición resolutoria
del contrato el incumplimiento de la obligación de explotación impuesta en el
párrafo anterior, tanto en cuanto a su ejecución normal y proporcional durante
todo el transcurso del período fijado, como en cuanto al cumplimiento de los
plazos finales y parciales establecidos; en tal caso, el dominio será revocado,
con efecto retroactivo al momento en que el mismo se trasmitió volviendo la
propiedad del bien al Estado provincial en los términos de los artículos 2.661,
2.663, 2.665, 2.666, 2.669 y 2.670 del Código Civil.
ARTICULO 94°: La revocación del dominio
en el supuesto previsto por el artículo precedente, tendrá como efectos la
pérdida a favor del Estado provincial de todas las plantaciones y/o cultivos
y/o mejoras de cualquier clase introducidas por los compradores en el predio
sin derecho a indemnización alguna. Igualmente los compradores perderán las
sumas abonadas en concepto de precio y como indemnización por la ocupación
detentada.
ARTICULO 95°: Cuando el comprador hubiera
cumplido el plan de explotación establecido en por lo menos un cincuenta (50)
por ciento, o se hubieren introducido mejoras tendientes a poner el inmueble en
condiciones de inmediata explotación, el organismo de aplicación podrá optar
por no revocar el dominio en la forma establecida por el artículo 93 e imponer
una multa pecuniaria, proporcional a la mayor superficie que se ha dejado de
explotar y que se devengará mensualmente hasta el total cumplimiento del
porcentaje de explotación exigido.
ARTICULO 96°: Quienes resulten
compradores en los términos de la presente ley se obligarán a no enajenar,
ceder, permutar o transferir por cualquier otro título, ni arrendar la fracción
vendida y en tanto se encuentren pendientes las obligaciones que se les imponen
por esta ley.
La autoridad de aplicación
podrá autorizar la realización de los actos de disposición de los actos de
disposición y administración referidos en el párrafo anterior cuando medien
circunstancias valederas, en cuyo caso el futuro titular del dominio o
arrendatario deberá reunir las mismas condiciones exigidas para el comprador y
asumir las mismas obligaciones impuestas por esta ley.
CAPITULO II
DE LA VENTA DE TIERRAS FISCALES A SUS
ACTUALES OCUPANTES
ARTICULO 97°: Las personas físicas o
jurídicas que actualmente ocupen tierras fiscales en el Delta del Paraná
bonaerense sin título alguno que justifiquen tal ocupación, que acrediten haber
introducido plantaciones y/o mejoras útiles que contribuyan a la explotación de
la fracción detentada con por lo menos un (1) años de anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley y que subsisten para esta última fecha, podrán
solicitar la compra de las superficies que ocupan con tales plantaciones y/o
mejoras, o de superficies mayores cuando acrediten la realización de obras de
infraestructura en proporción con la superficie que pretenden o que resulte
necesaria para una racional explotación.
ARTICULO 98°: El precio de la tierra
fiscal se fijará de acuerdo con lo establecido por el artículo 88, con
deducción del mayor valor agregado por las mejoras que pudieran existir.
ARTICULO 99°: Cuando las tierras fiscales
se encuentren explotadas en una superficie equivalente al setenta (70) por
ciento del total ocupado, la venta se efectuará con transmisión del dominio
perfecto.
ARTICULO 100°: En los casos en que no se
alcanzare a cubrir el porcentaje de explotación indicado en el artículo
anterior, se formalizará la venta en las condiciones y con los efectos
establecidos en el Capítulo I de este Código. Los adjudicatarios deberán
presentar el plan aludido en los artículos 86 y 91 inciso b) respecto de la
superficie que resta explotar y la reglamentación establecerá el plazo para el
cumplimiento de tal obligación de acuerdo con la explotación efectuada hasta el
momento y la faltante para cumplir el requisito legal.
ARTICULO 101°: Los ocupantes que opten por
la compra en los términos de este título deberán abonar al momento de suscribir
el respectivo boleto de compra - venta el canon de ocupación establecido por el
artículo 19 de la Ley 5797, en defecto de tal pago no se formalizará la promesa
de venta.
ARTICULO 102°: La reglamentación
determinará el plazo dentro del cual los ocupantes podrán acogerse a los
beneficios del presente Título optando por la compra. Vencido dicho plazo sin
que hubiere formulado la correspondiente presentación el organismo de
aplicación adoptará las medidas pertinentes para proceder a su inmediato contralor.
CAPITULO III
DE LA VENTA A LOS ARRENDATARIOS
DE TIERRAS FISCALES
ARTICULO 103°: Los arrendatarios con
contrato vigente a la fecha de entrada en vigencia de la presente, celebrado de
acuerdo con las leyes 5.782, 6.263 y 7616,podrán solicitar la compra de la
fracción arrendada de acuerdo con las normas del título II.
ARTICULO 104°: Una vez vencidos los plazos
de los arrendamientos y no habiendo optado los arrendatarios por la compra en
el plazo que establezca la reglamentación, se procederá a su inmediato desalojo
y se sacarán tales tierras fiscales a la venta en los términos del Capítulo I.
CAPITULO IV
DE LA VENTA A ENTIDADES
DE BIEN PUBLICO
ARTICULO 105°: El Poder Ejecutivo podrá
vender a entidades de bien público fracciones de tierra fiscal adecuadas al
desarrollo de sus actividades específicas.
ARTICULO 106°: Para tales ventas no será
de aplicación lo dispuesto en el Capítulo I de la presente ley. El otorgamiento
de la escritura traslativa de dominio a favor de la entidad compradora estará
condicionada a la realización por la misma, dentro del plazo que se fije, de
las obras determinantes de la venta.
ARTICULO 107°: La mensura de la fracción
vendida deberá realizarla la entidad recurrente antes de recibir la posesión.
El precio de venta será fijado por el Poder Ejecutivo en caso teniendo en
cuenta las condiciones de la fracción y la finalidad de la operación.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
ARTICULO 108°: Decláranse de utilidad
pública y sujetas a expropiación las superficies necesarias para la
construcción de vías de comunicación con el interior de cada isla. En su caso,
el importe de la indemnización será acreditado a favor del adjudicatario o
propietario cuando éste fuere deudor del fisco por la adjudicación o
adquisición del inmueble por esta ley u otras anteriores.
TITULO III
DE LAS TIERRAS SOBRANTES FISCALES RURALES
ARTICULO 109°: El organismo competente en
materia agraria ejercerá la administración de las tierras rurales del dominio
privado de la Provincia, con sujeción a las disposiciones de este Código y
demás disposiciones vigentes.
A tal fin entiéndese por
" tierras rurales " aquellas que, ubicadas dentro o fuera del tejido
urbano, constituyeran, por lo menos, una unidad económica de explotación
agraria.
ARTICULO 110°: El Poder Ejecutivo
procederá a la venta de las tierras rurales que no se consideren aptas para ser
destinadas al régimen especial de colonización, conforme a las leyes a que se
refiere el artículo anterior.
ARTICULO 111°: Lo dispuesto en los
artículos que anteceden se aplicará también en relación con los sobrantes
fiscales que surgieren con motivo de mensuras aprobadas oficialmente.
ARTICULO 112°: Declárase obligatorio para
todo propietario marcar su ganado mayor y señalar su ganado menor. Autorízase a
utilizar como complemento la señal en el ganado mayor. En los supuestos de
falta de marca o señal en el ganado, cuando el propietario omitiera
cumplimentar las prescripciones del artículo 148, regirá lo dispuesto en el
artículo 2.412 del Código Civil.
ARTICULO 113°: Si se tratara de animales
de pura raza, se los podrá identificar por medio de tatuajes y/o normas usuales
según especie.
ARTICULO 114°: Es obligatorio para todo
propietario de hacienda el registro a su nombre de las marcas o señales que
usare. Las marcas y señales sólo pueden ser usadas por su titular.
ARTICULO 115°: El Estado Provincial, a
través de su organismo competente, será el único responsable de los sistemas de
diseño y de la reglamentación del uso de las marcas y señales de ganado.
ARTICULO 116°: La marca consistirá en un
dibujo, diseño o signo impreso a hierro candente o por procedimientos que
produzcan análogos efectos y sean autorizados por el organismo competente.
La señal consistirá en un
corte o incisión en la oreja del animal.
ARTICULO 117°: La marca deberá tener una
dimensión máxima de diez centímetros y mínima de siete en todos sus diámetros y
no se admitirá en su diseño signo o adorno que contribuya a confundir su
identificación y diferenciación frente a otra.
ARTICULO 118°: En todo el territorio de la
Provincia no podrá haber dos marcas iguales. Si las hubiere, deberá anularse la
más reciente.
Se reputan iguales aquellas
marcas que puedan representar un mismo o muy semejante diseño, o cuando uno de
los diseños, al superponerse sobre el otro, lo cubra en todas sus partes.
ARTICULO 119°: No podrán existir señales
iguales dentro de cada Circunscripción Catastral y sus colindantes, ya
pertenezcan éstas a un mismo o distintos Partidos de la Provincia. Si las
hubiere, se anulará la más reciente. Las señales deben usarse en la
Circunscripción Catastral para la que han sido otorgadas.
ARTICULO 120°: El derecho sobre la marca o
señal se prueba con el boleto expedido por el organismo competente, o en su
defecto, por las constancias de sus registros.
ARTICULO 121°: Las Resoluciones Judiciales
pasadas en autoridad de cosa juzgada sobre materia de este título será
notificada al organismo competente para su conocimiento y, en su caso, para que
se efectúen las anotaciones a que hubiere lugar.
PARAGRAFO 1- Adquisición o pérdida de la marca o señal.
ARTICULO 122°: La marca o señal se concede
por el término de diez años a partir de su registro, pero podrá conservarse por
otros términos iguales por renovaciones sucesivas.
ARTICULO 123°: El derecho sobre la marca o
señal se adquiere por la inscripción en el registro. También se adquiere el
derecho a la marca o señal por sucesión a título universal o singular, en los
derechos del titular inscripto. En tales casos deberán efectuarse en el
registro las anotaciones de la respectiva transferencia.
ARTICULO 124°: El derecho sobre la marca o
señal se pierde:
a)
Por expiración de los plazos fijados por el artículo 131, si no fueran
renovadas y sin necesidad de formalidad previa.
b)
Por anulación en el caso de los artículos 118 y 119.
c)
Por transmisión de los derechos.
d)
Por la renuncia expresa del titular.
e)
Por disolución o extinción de la sociedad o asociación titular.
f)
Por sentencia judicial.
g)
Por cancelación declarada por autoridad competente.
h)
Por no haberse utilizado en el término de 3 años, a partir de su inscripción en
el organismo competente.
ARTICULO 125°: La extensión de la marca o
señal se considerará producida a partir de la anotación en el organismo
competente de la comunicación efectuada por medio fehaciente, en todas las
causales previstas en el artículo precedente, en todas las causales previstas
en el artículo precedente, con excepción de las enunciadas en los incisos a) y
h).
PARAGRAFO 2- REGISTRO
ARTICULO 126°: Para poder registrar una
marca o señal ante el organismo competente, se requiere como requisito esencial
y previo a todo trámite, acreditar el carácter de propietario u ocupante legal
de un inmueble rural en la Provincia.
ARTICULO 127°: A la marca o a la señal
registrada se le asignará separadamente una numeración inmutable, siguiendo el
orden correlativo.
Dicha numeración tendrá
carácter permanente dentro de la Provincia y, por lo tanto, no será susceptible
de variaciones.
ARTICULO 128°: Los solicitantes de marcas
o señales nuevas pueden proponer el diseño o características de su
predilección. El organismo competente procederá a cotejarlos con los ya
registrados y se expedirá por la aceptación o rechazo, según se encuentren o no
en las condiciones previstas por los artículos 118 y 119. En caso de
rechazarlo, indicará el diseño más aproximado que se encuentre en condiciones
de ser conferido.
No se podrá proponer más de
un diseño en una misma solicitud.
ARTICULO 129°: Otorgado el diseño por el
organismo competente y hecha efectiva la tasa que corresponda, se procederá a
inscribir la marca o señal en el registro y a entregar el correspondiente
boleto.
ARTICULO 130°: Cuando fueren dos o más
personas las que soliciten conjuntamente una marca o señal, deberá registrarse
a nombre de cada una de ellas y serán considerados co-titulares.
PARAGRAFO 3 - RENOVACION
ARTICULO 131°: Todo titular de una marca o
señal, a fin de conservar su derecho sobre la misma, deberá renovarla a su
vencimiento ante el organismo competente, acompañando el boleto
correspondiente, siempre que mantuviere los requisitos exigidos por el presente
código. La renovación deberá ser solicitada dentro del término de un año a
partir de la fecha de su vencimiento.
ARTICULO 132°: Las marcas o señales que se
hallaren al tiempo de su vencimiento pendientes de trámites judiciales o
administrativos podrán ser renovadas aún cuando hubiesen transcurridos los
términos del artículo anterior, siempre que la renovación se solicite dentro de
los tres meses de notificada la resolución judicial o administrativa final.
Pasado ese término no podrá renovarse.
A fin de que la marca o
señal no se elimine del registro por aplicación del artículo 124 inciso a) los
interesados solicitarán antes de su vencimiento la reserva de la misma,
justificando la circunstancia a que se refiere este artículo mediante el
certificado del actuario o autoridad administrativa competente.
PARAGRAFO 4 - TRANSFERENCIA
ARTICULO 133°: Considérase transferencia
todo cambio de titular o razón o nombre social. El titular de una marca o señal
podrá transferir su derecho sobre la misma, debiendo realizar el acto ante el
organismo competente o ante el Intendente Municipal del Partido al que la marca
o señal correspondiere o estuviere inscripta para su uso. El adquiriente deberá
reunir el requisito establecido por el artículo 126.
ARTICULO 134°: Las marcas o señales podrán
ser transferidas por escritura pública o por sentencia judicial, siempre que se
reunieren los requisitos exigidos por el artículo 138.
ARTICULO 135°: Las transferencias a que se
refiere el artículo 133 deberán otorgarse en dos actas de un mismo tenor que
contendrán los siguientes requisitos:
- Lugar y fecha de otorgamiento.
b)
Nombre y apellido del funcionario interviniente.
c)
Nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, domicilio,
edad, profesión y estado civil del transmitente y del adquirente.
d)
Grado de parentesco entre las partes, si las hubiere.
e)
Acreditación por parte del adquirente de que es propietario u ocupante legal de
un inmueble rural en la Provincia.
f)
Indicación de marca o señal a transferir con su dibujo, características
respectivamente y constancias de su número inmutable, folio y libro de
inscripción.
g)
Manifestación jurada sobre si se transfieren o no animales y, en caso
afirmativo, su número y valor.
h)
Aceptación expresa del adquirente y constancia de haberse dado íntegra lectura
del acta.
i)
Firma de las partes, funcionario que intervino y sello oficial.
ARTICULO 136°: El adquirente de la marca o
señal deberá solicitar la inscripción de la transferencia ante el organismo
competente, acompañado copia del acta correspondiente, el boleto transferido o
su duplicado y una solicitud que reúna los requisitos que se exijan.
El registro perfecciona las
transferencias que hasta ese momento carecerán de efectos legales.
ARTICULO 137°: A los fines de la
inscripción de las transferencias efectuadas por escritura pública, el
testimonio de ésta reemplazará el acta.
ARTICULO 138°: Las transferencias
judiciales deberán igualmente inscribirse en el registro, a cuyo efecto el juez
interviniente librará oficio al organismo competente, en el que hará constar
los datos exigidos por los incisos c), e) y f) del artículo 135 de este código.
ARTICULO 139°: En caso de que uno o más
titulares o socios fallecieren o transmitiere, renunciare, abandonare o se le
cancelare sus derechos sobre una marca o señal, los interesados deberán
gestionar la correspondiente transferencia, de tal manera que quede claramente
establecido quiénes continuarán como titulares.
El requisito deberá llenarse
igualmente, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando la marca
sea bien ganancial.
ARTICULO 140°: En caso de fallecimiento
del titular de la marca o señal o de su cónyuge, no se dará trámite a ninguna
petición sobre la renovación, transferencia, duplicado o cualquiera anotación
en el registro, sin orden del juez de la sucesión.
Exceptúase de este requisito
cuando haya urgencia en la marcación, señalamiento o traslación de la hacienda
de la sucesión, en cuyo caso el organismo competente expedirá, a solicitud de
los herederos del causante un certificado provisional en el que se hará constar
que se autoriza al sólo y único efecto de marcar, señalar o trasladar hacienda
y que no será válido para vender animales.
PARAGRAFO 5 - DUPLICADOS Y RECTIFICACIONES
ARTICULO 141°: En caso de pérdida o
extravío de un boleto de marca o señal, el organismo competente otorgará
duplicado que llevará expresa constancia de su calidad de tal y de que queda
caduco y sin ningún efecto el original.
ARTICULO 142°: El solicitante de un
duplicado de boleto de marca o señal hará constar en su presentación todos los
datos que posea sobre el boleto extraviado, tales como el número inmutable, el
libro y folio de inscripción, diseño o características.
ARTICULO 143°: El organismo competente
dejará constancia en el registro de los duplicados de boletos que extienda, en
el lugar correspondiente a la marca o señal de que se trate.
ARTICULO 144°: Efectuado un asiento en el
registro no podrá ser rectificado, modificado o adicionado, sino en la forma
establecida por los artículos siguientes.
ARTICULO 145°: Toda rectificación,
modificación o adición, será registrada por orden dispuesta en las actuaciones
que al efecto se sustancien, para lo cual el interesado presentará una
solicitud en la que especificará claramente en qué consiste la corrección.
ARTICULO 146°: Para la rectificación,
cambio o adición de nombres y apellidos u otras circunstancias personales, el
interesado acompañará la información judicial pertinente y en los demás casos,
los elementos probatorios necesarios, pudiendo el organismo competente
solicitar los que estime conveniente.
ARTICULO 147°: Si de las actuaciones
originales resultare que el error es imputable a la repartición de origen, la
corrección será exceptuada del pago de la tasa correspondiente.
PARAGRAFO 6 - MARCACION Y SEÑALADA
ARTICULO 148°: Es obligatorio marcar el
ganado mayor antes de cumplir el año y señalar el ganado menor antes de cumplir
los seis meses de edad. Está prohibido contramarcar.
Podrá hacerse uso de una
"marca de venta" sin perjuicio de la marca que acredita la propiedad
del ganado.
Autorízase a reducir a marca
propia el ganado adquirido, previa intervención municipal.
ARTICULO 149°: El ganado vacuno deberá ser
marcado en el cuarto posterior o en la quijada, siempre del lado izquierdo.
Toda marca nueva será
aplicada hacia la izquierda de la marca original, salvo que ésta hubiera sido
aplicada en la quijada.
ARTICULO 150°: La marca se impondrá en la
posición que figure en el boleto y coincidente con la línea vertical.
ARTICULO 151°: Los sitios únicos e
invariables en que se señalará al ganado menor serán ambas orejas. Queda
prohibido señalar trozando ambas orejas, como así también la horqueta, punta de
lanza o bayoneta hecha a la raíz.
ARTICULO 152°: Prohíbese marcar o señalar
sin tener el respectivo boleto otorgado por el organismo competente,
debidamente registrado en la Municipalidad del lugar y sin que ésta haya
otorgado el permiso respectivo.
El Poder Ejecutivo
reglamentará la forma y procedimiento que se aplicará, para efectuar las
operaciones de marcación y señalada.
PARAGRAFO 7 - CONTROLADOR MUNICIPAL
ARTICULO 153°: Quedan facultadas todas las
municipalidades de la Provincia dentro de sus respectivos Partidos, para
ejercer el contralor determinado en este código y su reglamentación, en todo lo
relativo a marcas y señales.
ARTICULO 154°: Toda marca o señal que se
otorgue deberá ser registrada en la Municipalidad del partido en que se usare.
A ese efecto cada
Municipalidad llevará los registros encuadernados y foliados, uno para las
marcas y otro para las señales.
En ellos se irán asentando
las marcas y señales a medida que se presenten para su inscripción, con su
diseño, número inmutable y demás constancias del boleto respectivo.
ARTICULO 155°: En los libros a que se
refiere el artículo anterior, a continuación de la anotación original, se
dejarán espacios suficientes para registrar las sucesivas renovaciones,
transferencias, rectificaciones y cualquier otra anotación que se efectúe en el
organismo competente.
En todos los casos la
Municipalidad asentará la debida constancia en el boleto respectivo y en los
lugares a ella destinados.
ARTICULO 156°: Las municipalidades no
expedirán guías de campaña, certificados o autorización de venta, ni
autorizarán la marcación o señalamiento del ganado sin la previa comprobación
de haberse registrado la marca o señal y de estar en vigencia de acuerdo con lo
dispuesto por este código.
ARTICULO 157°: El organismo competente y
las municipalidades se relacionarán directamente entre sí, a los efectos del
cumplimiento del presente código.
Cuando deba hacerse
referencia a marcas o señales inscriptas se mencionará en todos los casos el
número inmutable, el nombre y apellido del titular y el libro y folio de
inscripción.
CAPITULO II
ANIMALES INVASORES
ARTICULO 158°: El propietario u ocupante a
cualquier título de un predio, que encontrare dentro del mismo animales ajenos,
deberá encerrarlos dando aviso inmediato al propietario de la marca o señal que
llevare si fuere conocido y a la autoridad policial.
ARTICULO 159°: La autoridad policial
notificará también al dueño de los animales para que proceda a retirarlos
dentro del plazo que le señalare.
ARTICULO 160°: Si el propietario de los
animales no fuese conocido, la autoridad policial procurará individualizarlo en
el término de quince días, valiéndose
de todos los medios de
difusión a su alcance.
ARTICULO 161°: Si el propietario conocido
no los retirase en el plazo a que se refiere el artículo 159 o si nadie se
presentare a reclamarlos en el caso del artículo anterior, la autoridad
policial pondrá los animales a disposición del juzgado que corresponda para que
dentro del término de quince días ordene su venta o remate público y haga
entrega del pertinente certificado al comprador.
Del monto obtenido dispondrá
el pago de lo que se adeude en concepto de alimentación, cuidado de los
animales y gasto de remate. El resto quedará en depósito judicial por el
término de un año para su entrega a quien lo reclamase acreditando su derecho;
en caso negativo, ingresará a rentas generales de la municipalidad local.
ARTICULO 162°: El propietario del
establecimiento invadido debe dejar pastorear y abrevar a los animales
invasores a cuyo efecto tendrá derecho a una remuneración sin perjuicio de la
acción ordinaria que le corresponda por los daños que puede haber sufrido.
ARTICULO 163°: La remuneración por
concepto de pastaje y abrevaje a que se refiere el artículo anterior, será la
que las partes convengan. Si éstas no se pusieran de acuerdo, decidirá en
juicio sumario el órgano judicial, correspondiente.
ARTICULO 164°: No rige lo dispuesto en los
artículos precedentes en caso de inundaciones, incendios de campos o cualquier
otro hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, salvo que se probare
que el dueño de los animales los introdujo intencionalmente en la propiedad
ajena.
ARTICULO 165°: En caso de reiteración de
la invasión, el dueño de los animales invasores deberá pagar además una multa
que se fijará reglamentariamente en favor del propietario u ocupante del predio
afectado. Se considera reiteración la invasión de animales de la misma marca o
señal dentro de los sesenta días contados desde la anterior.
ARTICULO 166°: Queda prohibida la
permanencia de animales sueltos en la vía pública, que no se encuentren en
tránsito con persona responsable que los guíe.
En el primer supuesto, la
autoridad policial deberá proceder de inmediato a retirarlos y, si su
propietario no resultare conocido, procurará individualizarlos en el término de
quince días, valiéndose de todos los medios de difusión a su alcance.
En caso de no ser posible
determinar fehacientemente quién resulta propietario del o de los animales en
cuestión, deberá procederse conforme a lo prescripto en el artículo 161.
La transgresión a esta
prohibición hará posible a su responsable, de las sanciones que prevea la
legislación vigente en la materia.
CAPITULO III
APARTES Y APARTADORES
ARTICULO 167°: Todo hacendado o quien lo
represente, mediando pérdida o extravío de animales, tiene la obligación -
cuando fuere requerido por la autoridad - de permitir la inspección de su
rodeo.
CAPITULO IV
CERTIFICADOS DE ADQUISICION Y GUIAS
ARTICULO 168°: Todo acto sobre ganados
marcados o señalados o primera adquisición de los cueros que significa
transmisión de su propiedad, deberá documentarse a los fines administrativos,
mediante el certificado de adquisición que, otorgado entre las partes, será
visado por el organismo competente.
ARTICULO 169°: El certificado a que se
refiere el artículo anterior deberá contener:
a)
Lugar y fecha de emisión.
b)
Número de identificación.
c)
Nombre y apellido de las partes intervinientes, sus domicilios.
d)
Especificaciones del tipo de operación que se realiza, del número de boleto de
marca o señal y del diseño de éstas en su caso, constancia de la autorización
del titular de la marca o señal.
e)
Especificaciones del objeto de la operación, de la cantidad de animales
vendidos, sexo y especie o cantidad de cueros de primera adquisición vendidos
con indicación de especie.
f)
Firma del transmitente o de su representante, y si no pudiera o no supiere
firmar, la firma a ruego de otra persona, junto con la impresión digital de la
que no pudiere firmar. La firma del transmitente podrá ser suplida por la del
consignatario.
g)
Firma y sello del funcionario competente que expide el certificado.
ARTICULO 170°: Sólo la guía de tránsito
autorizará para transitar con ganado o con cueros de primera adquisición, de un
partido a otro de la Provincia o de ésta a otra provincia.
ARTICULO 171°: Las guías de tránsito serán
expedidas por el organismo competente del lugar, contra la presentación del
certificado de adquisición, archivo de guía o registro del boleto de marca o
señal.
ARTICULO 172°: La guía de tránsito deberá
contener:
1.
Número de orden de emisión.
2.
Fecha y lugar de expedición.
3.
Nombre y apellido del remitente y su domicilio, con indicación de los
documentos de identidad, como también el nombre, apellido y domicilio del
destinatario.
4.
Especificación de lo que se llevará en tránsito, del certificado de adquisición
o el certificado de animales de raza, salvo que sean crías que sigan a la
madre.
5.Diseño
de la marca o señal.
6.
Destino y causa del tránsito.
7.
Nombre y apellido, domicilio del porteador y conductor y documento de
identidad. Si el tránsito se realiza a nombre de un tercero se consignarán los
mismos datos personales de éste.
8.
Firma y sello del funcionario que expide la guía.
ARTICULO 173°: Las guías y los
certificados o las constancias equivalentes otorgadas fuera de la Provincia, de
conformidad con las leyes del lugar de emisión, tendrán el mismo valor que las
otorgadas en la Provincia.
ARTICULO 174°: (Texto según Ley 12.608) La
guía sólo tendrá validez por el término de setenta y dos (72) horas, contadas a
partir de la fecha de su emisión. Dicho plazo, podrá prorrogarse por única vez,
y por decisión fundada, en razón del mal estado de caminos rurales o fuerza
mayor, por la autoridad competente que otorgó la guía originaria por cuarenta y
autoridad competente que otorgó la guía originaria por cuarenta y ocho (48)
horas más a contar a partir del vencimiento de la primera.
ARTICULO 175°: En los casos de animales de
raza especiales que no tuvieran marca ni señal o que, teniéndolas, no
estuvieren inscriptas en la Provincia, los certificados y guías que por ellos
se extienden deberán mencionar esa circunstancia y darán las referencias que
puedan contribuir a distinguir cada animal. En todo los casos deberá
justificarse la propiedad de los animales.
ARTICULO 176°: Los empresarios de
transporte no podrán recibir carga de ganado o cueros de primera adquisición
sin exigir la exhibición de la guía, de cuyo número de orden dejarán constancia
en sus registros.
ARTICULO 177°: Llegados a destino, los
animales o cueros de primera adquisición, el conductor o transportador
entregará la guía de tránsito al destinatario o a quien corresponda.
En caso de tratarse de
hacienda para faena o feria la entregará a la autoridad policial que la
remitirá a la autoridad correspondiente.
ARTICULO 178°: Queda absolutamente
prohibido facilitar formularios de guías en blanco, para ser llenados fuera de
la oficina.
ARTICULO 179°: En caso de extravío o
sustracción de formularios se comunicará el hecho a la policía y demás
autoridades encargadas de estos documentos.
ARTICULO 180°: Queda absolutamente
prohibido otorgar certificados o guías por ganado orejano separado de las
madres.
ARTICULO 181°: Exceptúase del cumplimiento
de las prescripciones del artículo 180:
a)
Las crías de terneros apartados de las madres en explotaciones de tambo y con
destino a faena y a crianza, menores de treinta días de vida, los que deberán
transitar con una declaración jurada del productor, certificada por la
Municipalidad del Partido en que opere.
b)
Los terneros que, formando parte de la hacienda con cría, sigan a la madre.
ARTICULO 182°: Cuando en el tránsito de un
punto a otro se efectuaran ventas parciales la autoridad de la localidad donde
ellas se realicen recogerá la guía originaria y expedirá una nueva guía por el
remanente. Al margen de la guía originaria, la que deberá ser remitida al
organismo competente con los certificados recogidos, se harán constar las
ventas efectuadas, cantidad y marcas, así como el número de orden y demás
características de la nueva guía expedida.
TITULO II
SANIDAD ANIMAL
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 183°: La sanidad animal en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, la defensa y profilaxis contra las
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, exóticas, enzoóticas,
epizoóticas y el fomento de la producción ganadera, se regirá conforme a las
disposiciones del presente título.
ARTICULO 184°: Las enfermedades
infecto-contagiosas y parasitarias de los animales, que constituyen una amenaza
para la salud del hombre, de las especies explotables y para la economía de las
fuentes de producción, darán lugar a denuncia y a la aplicación de medidas de
policía sanitaria.
ARTICULO 185°: Toda persona física o
jurídica que, en forma permanente o transitoria, se dedique a la crianza,
cuidado, transporte y/o venta de ganado; a la elaboración, extracción,
transporte y/o venta de ganado; a la elaboración, extracción, transporte y/o
venta de productos o subproductos de origen animal, está obligada a presentar
amplia colaboración al personal técnico encargado de aplicar o fiscalizar en su
consecuencia, se dicten, debiendo la fuerza pública presentar la colaboración
que les sea requerida.
ARTICULO 186°: Se considera exótica toda
enfermedad de origen foráneo que, hasta el momento de su aparición, no se haya
presentado en el país.
ARTICULO 187°: Se considera enzoótica la
enfermedad que se compruebe dentro de una zona determinada y sea susceptible de
manifestarse como epizoótica.
ARTICULO 188°: La autoridad sanitaria
competente determinará las enfermedades consideradas exóticas, enzoóticas y
epizoóticas.
CAPITULO II
DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS ENFERMEDADES
ARTICULO 189°: Las normas de policía
sanitaria animal serán aplicadas también a las aves de corral, animales silvestres,
peces y lepóridos y en la misma forma a todas las especies animales
susceptibles de contraer, propagar o difundir gérmenes, virus, parásitos u
otros agentes transmisores de enfermedades no determinadas que puedan lesionar
los intereses económicos de la ganadería o afectar la salud humana.
ARTICULO 190°: Declárase obligatoria la
denuncia al organismo competente por parte del propietario, poseedor, tenedor o
persona encargada del cuidado de un animal atacado de enfermedad transmisible o
que presumiblemente se halle afectado por la misma.
ARTICULO 191°: En caso de tratarse de
enfermedades calificadas como exóticas, enzoóticas o epizoóticas por al
autoridad sanitaria de aplicación, las personas indicadas precedentemente
deberán proceder de inmediato a la adopción de medidas de aislamiento y
profilaxis, sin perjuicio de la comunicación obligada de la autoridad.
Tendrán igual obligación,
los laboratorios particulares u oficiales y los profesionales veterinarios en
general.
ARTICULO 192°: Las medidas profilácticas
enunciadas en el artículo precedente deberán también aplicarse a los cadáveres
de despojo de animales enfermos o presumiblemente afectados de alguna
enfermedad contagiosa, debiendo procederse a la destrucción total.
Prohíbese la extracción del
cuero o de cualquier órgano o región anatómica de animales muertos de carbunclo
bacteridiano o presumiblemente afectado por esa enfermedad.
ARTICULO 193°: Exceptúase de la obligación
estatuida en el artículo anterior cuando los cadáveres, despojos o restos de
animales enfermos o con la presunción de estarlo se los destine a estudio,
investigación o diagnóstico, pero bajo la responsabilidad del médico
veterinario que los tenga a su cuidado o se encuentre en posesión de los mismos
a cualquier título.
ARTICULO 194°: Para más efectivo
cumplimiento de las normas de policía sanitaria animal y siempre que la
necesidad de control y/o erradicación de enfermedades transmisibles lo
impusiera, la autoridad de aplicación, deberá determinar zonas de infección, infestación,
interdicción o indemnes, según la intensidad o gravedad de la propagación o
contagio.
ARTICULO 195°: En caso de que se declare
infectado o infestado un establecimiento, una zona o partido o exista peligro
inminente de difusión de cualquiera de las enfermedades contagiosas, la
extracción de ganado de esos lugares su acarreo o tránsito hacia los centros de
comercialización o industrialización, o con destino a pastoreo, sólo podrá
hacerse previa certificación de sanidad, a cuyo efecto la autoridad competente
deberá expedir la guía sanitaria de libre tránsito.
ARTICULO 196°: Prohíbese en el territorio
de la Provincia la introducción de animales afectados de enfermedades
transmisibles o presumiblemente afectados por las mismas, como así también sus
cadáveres, despojos, reses o cualquier objeto que haya estado en contacto con
ellos y susceptible de propagar la enfermedad.
La autoridad sanitaria podrá
ordenar o disponer en estos casos y siempre que la gravedad de la circunstancia
lo aconsejen, el secuestro, sacrificio o destrucción de animales enfermos o de
sus despojos en la forma que el Poder Ejecutivo lo determine.
ARTICULO 197°: No se permitirá la
introducción al territorio de la Provincia, de animales en general o especies
determinadas, cadáveres, carnes, forrajes o cualquier otro objeto susceptible
de contaminación, procedente de regiones declaradas infectadas o infestadas,
sin el certificado de sanidad expedido por la autoridad competente.
ARTICULO 198°: El Poder Ejecutivo
instalará campos de experimentación, lazaretos u otros establecimientos
análogos en los lugares más indicados de conformidad con lo que aconseje la
técnica sanitaria animal y deberá dotarlos de los servicios indispensables para
el mejor cumplimiento de sus fines.
ARTICULO 199°: El Poder Ejecutivo, podrá
suscribir convenios con la Nación, Provincias, Municipalidades, Organismos
descentralizados nacionales o de otras provincias y con instituciones privadas
para el más eficaz cumplimiento de los propósitos enunciados en este título.
ARTICULO 200°: La autoridad sanitaria
competente controlará el cumplimiento de las normas de policía sanitaria
animal, debiendo asimismo realizarlos con relación a:
a)
Mercados de ganado, aves, animales de caza, lepóridos y peces.
b)
Establecimientos dedicados a ferias y remate de animales.
c)
Mataderos.
d)
Frigoríficos.
e)
Saladeros.
f)
Barracas.
g)
Graserías.
h)
Tambos.
i)
Establecimientos o locales donde se obtengan, elaboren, industrialicen o
depositen productos o subproductos lácteos.
j)
Establecimientos destinados a la conservación e industrialización del pescado.
k)
Cualquier otro local o establecimiento, fábrica o usina donde se extraigan,
elaboren, manipulen o transformen productos de origen anima.
l)
Vehículos de transporte de hacienda, productos y sub-productos de origen
animal.
ARTICULO 201°: La autoridad sanitaria
competente, fijará las normas de higiene, desinfección, desinfectación y
profilácticas en general, que deberán aplicarse a todo tipo de vehículo o medio
de transporte, embarcadero, corral, brete y cualquier otro local utilizado para
la permanencia de animales, como así también para los elementos u objetos que
hayan estado en contacto con dichos animales, sus restos, despojos, productos o
subproductos.
CAPITULO III
INDEMNIZACIONES
ARTICULO 202°: Los propietarios de
animales, objetos o construcciones que ese hubiere ordenado destruir en virtud
de las prescripciones de este código, podrán reclamar una indemnización cuyo
monto será establecido por el Poder Ejecutivo en la suma que a su juicio estime
como justa compensación sin perjuicio de los recursos judiciales que puedan
corresponderles. Si alguna parte de animales, objeto o construcciones fuera
aprovechable, su valor deberá ser descontado.
ARTICULO 203°: No habrá lugar a
indemnización con los siguientes casos:
a)
Cuando no se hubiesen cumplido con las normas estatuidas en este código o en
los reglamentos sanitarios dictados en su consecuencia.
b)
Si la enfermedad de que estuviera atacado el animal sacrificado fuera necesariamente
mortal.
ARTICULO 204°: Todo propietario de un bien
destruido, en virtud de una medida sanitaria impuesta en salvaguarda de los
intereses de la comunidad, podrá ejercitar su acción dentro de los sesenta (60)
días de ejecutadas la misma. Transcurrido dicho lapso, perderá su derecho.
SECCION SEGUNDA
DE LA PRODUCCION VEGETAL
TITULO I
DEL BOSQUE
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 205°: Declárase de interés
público la defensa, conservación, mejora y ampliación de los bosques. El ejercicio
de los derechos sobre los bosques y tierras forestales de propiedad privativa o
pública, sus frutos y productos, quedan sometidos a las prescripciones
establecidas en este código.
ARTICULO 206°: Se entiende por bosque a
toda formación leñosa natural o artificial con los distintos estratos vegetales
que lo integran incluyendo el herbáceo que, por su contenido o función, sea
declarado por el Poder Ejecutivo sujeta a las normas contenidas en este título.
Se entiende por tierra
forestal a toda aquélla que por su naturaleza, ubicación o constitución, clima,
topografía, erosionabilidad, fertilidad, calidad y utilización económica, sea
inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y apta para la forestación y toda
otra que sea declarada necesaria para el cumplimiento de los fines del presente
título.
ARTICULO 207°: Se incorporan al régimen
previsto en este título todos los bosques y tierras forestales que se hallen
ubicados dentro de la jurisdicción provincial, ya sean de propiedad pública o
privada.
ARTICULO 208°: El Poder Ejecutivo podrá
otorgar concesiones o enajenar los inmuebles del dominio público o privado del
Estado Provincial, previa desafectación en los casos que corresponda, con
destino exclusiva a la creación de masas forestales, en las condiciones y
plazos que la reglamentación establezca. Tendrán prioridad los planes que
incluyan fijación y forestación a lo largo de la costa atlántica.
Autorízase al Poder
Ejecutivo a coordinar con autoridades nacionales, provinciales o municipales,
como también con organismos privados, las acciones tendientes a lograr por
intermedio de una adecuada mecánica, la concreción de los objetivos propuestos.
CAPITULO II
CLASIFICACION DE LOS BOSQUES
ARTICULO 209°: Clasifícanse los bosques en
protectores, permanentes, experimentales, montes especiales y de producción a
cuyo efecto podrá el Poder Ejecutivo confeccionar el mapa forestal.
ARTICULO 210°: Bosque proyectos es aquél
que por su ubicación fuere necesario para proteger el suelo, caminos, riberas
fluviales, orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y embalses;
prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declive, regular el régimen
de las aguas, fijar médanos y dunas; contrarrestar la acción del viento, agua y
otros elementos; asegurar condiciones de salubridad pública y proteger a
determinadas especies de la flora y fauna, cuya conservación se declare
necesaria.
ARTICULO 211°: Bosque permanente es aquél
que por su constitución, destino o formación de su suelo debe mantenerse y en p
articular el que forma parques y reservas provinciales o municipales o se
destine a uso público, o el que tuviere especies cuya conservación se considere
necesaria. Se incluyen en esta categoría el arbolado de los caminos y los
montes de embellecimiento anexos.
ARTICULO 212°: Bosque experimental es el
que se destina para estudios forestales de especies indígenas o los
artificiales afectados a estudios de acomodación, aclimatación y naturalización
de especies indígenas o exóticas.
ARTICULO 213°: Monte especial es el de
propiedad privada destinado a la protección u ornamentación de explotaciones
agropecuarias.
ARTICULO 214°: Bosque de producciones
aquél natural o artificial del cuál sea pasible extraer periódicamente,
productos o sub-productos forestales de valor económico mediante su
aprovechamiento racional.
CAPITULO III
REGIMEN FORESTAL COMUN
ARTICULO 215°: Prohíbese la devastación
del bosque y de la tierra forestal y la utilización irracional de productos
forestales.
ARTICULO 216°: El propietario u ocupante
de cualquier título de bosques no podrá aprovecharlos sin la previa
autorización del organismo competente, que deberá solicitar acompañando un plan
de trabajo. El aprovechamiento del bosque deberá ajustarse al plan de trabajo
aprobado.
ARTICULO 217°: Exceptúase de lo
establecido en el artículo precedente, los trabajos de desmonte o deforestación
que se efectúen dentro de los límites máximos de superficie y en las zonas
establecidas por los reglamentos forestales y siempre que no se trate de bosques
protectores, permanentes o experimentales ni exista peligro de que se produzcan
o favorezca erosión y cuando dichos trabajos se hagan para ampliar el área
cultivable, con vistas a otras explotaciones agropecuarias económicamente más
provechosas o para la formación de bosques de otro tipo o para construir
viviendas y mejoras.
ARTICULO 218°: Toda persona física o
jurídica que se dedique al corte, elaboración, extracción, industrialización o
comercio de productos forestales o recolección y venta de semillas y plantas
forestales u obras de forestación y reforestación, deberá inscribirse en el
organismo competente y llevar la documentación que se determine
reglamentariamente.
CAPITULO IV
REGIMEN FORESTAL ESPECIAL
ARTICULO 219°: El bosque protector y el
permanente deberán registrarse a cuyo efecto se autorizará la inscripción a
solicitud de los interesados o se hará de oficio.
El procedimiento, en tales
casos, se determinará por el reglamento que dicte el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 220°: Los bosques protectores y
permanentes quedan sometidos a un régimen especial forestal que impone para sus
propietarios las siguientes obligaciones.
a)
Comunicar el organismo competente la venta o cambio en el régimen de tenencia
del inmueble.
b)
Conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que se requieran,
siempre que la repoblación fuere motivada por aprovechamiento o destrucción
imputable al propietario.
c)
Realizar la explotación, de conformidad con las normas técnicas que se
establezcan.
d)
Recabar autorización previa para el pastoreo en el bosque o para cualquier
género de trabajo en el suelo o subsuelo que afecte su existencia.
e)
Permitir a la autoridad forestal la realización de las labores de forestación y
reforestación.
ARTICULO 221°: El propietario de bosques
permanentes o productores podrá solicitar una indemnización por disminución
efectiva de la renta del bosque que fuera consecuencia directa e inmediata de
la aplicación del régimen forestal especial, dentro del límite máximo de rentabilidad
producido por un aprovechamiento racional. Dicha indemnización se fijará
administrativamente si hubiere acuerdo, pagándose en cuotas anuales
susceptibles de reajuste.
ARTICULO 222°: Para graduar el monto de la
indemnización se tomará en cuenta los siguientes factores:
a)
Mayor valor resultante de los trabajos ejecutados.
b)
Todo beneficio que resultare a los propietarios por los trabajos u obras que se
realicen en beneficio del bosque.
En todos los casos el
organismo competente queda facultado para propiciar la expropiación del
inmueble, cuya indemnización deberá fijarse de conformidad con las normas
establecidas.
CAPITULO V
REGIMEN DE LOS BOSQUES FISCALES
ARTICULO 223°: Los bosques protectores,
permanentes y de experimentación quedan sujetos al régimen forestal común, en
cuanto no resulten incompatibles con el régimen forestal especial y en las
disposiciones del presente capítulo.
ARTICULO 224°: Los bosques de producción y
tierras forestales quedan sometidos a las disposiciones del régimen forestal
común y a las que integran el presente capítulo.
ARTICULO 225°: Los bosques protectores y
permanentes solamente podrán ser sometidos a explotaciones mejoradoras. La
explotación de los bosques de experimentación está condicionada a los fines de
estudio e investigación a que los mismos se encuentren afectados.
ARTICULO 226°: La explotación de los
bosques fiscales de producción no podrá autorizarse hasta que se haya ejecutado
previamente su relevamiento forestal, la aprobación del plan dasocrático y el
deslinde, la mensura y amojonamiento del terreno, en la medida que la
circunstancia lo permitan.
ARTICULO 227°: La explotación forestal se
realizará por concesión, previa adjudicación en licitación pública, por
administración o por intermedio de empresas mixtas.
El Poder Ejecutivo, en base
al resultado de los estudios técnicos y económicos, determinará los plantes,
superficies máximas, regularidad, modalidades de las explotaciones y requisitos
que han de reunir los adjudicatarios.
ARTICULO 228°: Las concesiones y permisos
forestales obligan al titular a realizar la explotación bajo su directa
dependencia y responsabilidad. Son intransferibles, sin previa autorización
administrativa, bajo pena de caducidad.
ARTICULO 229°: Podrá acordarse pro adjudicación
directa o licitación privada la explotación forestal en superficies máximas
establecidas reglamentariamente cuando se trate de aserraderos o industrias
forestales evolucionadas, radicadas o a radicar en las zonas boscosas.
Las superficies serán
determinadas de acuerdo con la capacidad de elaboración y la existencia de
materia prima.
ARTICULO 230°: Podrán acordarse
directamente permisos de extracción de productos forestales por personas y por
año hasta un máximo en metros cúbicos que se establezca reglamentariamente con
normas de explotación similares a las de las concesiones mayores.
ARTICULO 231°: La explotación de bosques
fiscales queda sujeta al pago de un aforo fijo, móvil o mixto. Su monto será
establecido teniendo en cuenta:
a)
La especie, calidad y aplicación final de los productos;
b)
Los diversos factores determinantes del costo de producción;
c)
Los precios de venta;
El aforo móvil jugará cuando
las circunstancias y condiciones económico-sociales hayan variado con relación
a la época en que fue celebrado el contrato.
ARTICULO 232°: Podrán acordarse, a
personas carentes de recursos, permisos limitados y gratuitos para la
recolección de frutos y productos forestales.
ARTICULO 233°: Excepcionalmente podrán
acordarse permisos en las condiciones del artículo 230° para la extracción de
la leña y madera libre de pago o aforo especial a reparticiones públicas y
entidades de beneficencia de los productos para las necesidades del titular y
con prohibición de comercializarlos.
ARTICULO 234°: Queda prohibida la
ocupación de bosques fiscales y el pastoreo en los mismos sin permiso de la
autoridad forestal. Los intrusos serán expulsados por la misma, previo
emplazamiento y con el auxilio de la fuerza pública en caso necesario.
La simple ocupación de
bosques o tierras forestales no servirá de título de preferencia para su
concesión.
La caza y la pesca en los
bosques fiscales sólo serán permitidas en las épocas reglamentarias, previa
autorización y de acuerdo con lo dispuesto por este código.
CAPITULO IV
PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL INCENDIO
ARTICULO 235°: Toda persona que tenga
conocimiento de haberse producido algún incendio de bosques está obligada a
formular de inmediato la denuncia ante la autoridad más próxima.
ARTICULO 236°: La autoridad forestal o la
más cercana podrá convocar a todos los habitantes habilitados físicamente, que
habiten o transiten dentro de un radio de cuarenta kilómetros del lugar del
siniestro para que contribuyan con sus servicios personales a la extinción de
incendios de bosques y proporcionen los elementos utilizables, que serán
indemnizadas en caso de deterioro.
Estas obligaciones son
cargas públicas.
ARTICULO 237°: El Poder Ejecutivo dictará
los reglamentos necesarios que permitan asegurar la prevención contra el
incendio del bosque como así también determinará los requisitos indispensables
para la instalación de cualquier establecimiento que pueda provocar incendios.
CAPITULO VII
FORESTACION Y REFORESTACION
ARTICULO 238°: Los planes de forestación y
reforestación serán aprobados por el organismo competente, en base a los
estudios técnicos y económicos respectivos.
ARTICULO 239°: Los trabajos de forestación
y reforestación e los bosques protectores serán ejecutados por el propietario
de las tierras forestales, bajo su supervisión técnica de la autoridad
competente, o por ésta con el consentimiento de aquél.
En caso de no ser posible
algunas de estas formas se realizarán los trabajos previa expropiación del
inmueble.
ARTICULO 240°: Toda superficie de
condiciones forestales ubicada en zonas aptas para bosques protectores, que se
encuentre abandonada o inexplotada, queda sujeta por un término de diez años a
forestación o reforestación, pudiendo el Poder Ejecutivo expropiar su uso para
efectuar tales trabajos. Si el propietario enajenare la tierra o explotare el
bosque, el importe de los trabajos realizados por el Estado deberá ser
reintegrado al fondo provincial de bosques.
ARTICULO 241°: Los trabajos de forestación
y reforestación que realice el organismo competente en tierras forestales,
fuera de la zona de bosques protectores, con consentimiento del propietario,
serán a costa de éste. Podrá ser declarada obligatoria pro el Poder Ejecutivo
la plantación y conservación de árboles en tierras de propiedad particular o
fiscal para la fijación de dunas y médanos y en las zonas linderas a caminos y
adyacentes a ríos, arroyos, lagos, lagunas, islas, acequias, embalses, canales
y demás cuerpos y cursos de agua, en la cantidad, plazos y condiciones que, de
acuerdo con las modalidades de cada región, se establezca reglamentariamente.
ARTICULO 242°: A partir de la vigencia de
este código el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo competente, deberá
arbolar los caminos provinciales. Los propietarios frentistas deberán también
forestar en el linde con el camino, conforme a la reglamentación que se dicte.
CAPITULO VIII
FONDO PROVINCIAL DE BOSQUES
ARTICULO 243°: Créase el fondo provincial
de bosques, de carácter acumulativo, que se constituirá a partir de la vigencia
de este código, mediante el aporte de los siguientes recursos;
a)
Las sumas que se asignen anualmente para la atención del servicio forestal en
el Presupuesto General de la Provincia o en leyes especiales y los saldos de
las cuentas afectadas al mismo.
b)
El producido de los derechos y tasas creados por las leyes cuya percepción
corresponde a la Provincia dentro de su jurisdicción.
c)
El producido de los derechos, tasas y aforos pro aprovechamiento de los bosques
fiscales provinciales, multas, comisos, indemnizaciones, derechos de
inspección, permisos, peritajes y servicios técnicos en los bosques y tierras
forestales.
d)
El producido de los derechos de inspección o la extracción de productos de
bosques particulares y extensión de guías para su transporte, aplicando la tasa
que fijen los reglamentos.
e)
El producido de la venta de productos y sub-productos forestales del estrato
vegetal herbáceo y del sueldo de aptitud forestal que lo sustente, plantas,
semillas, estacas, colecciones, publicaciones, avisos, guías, fotografías,
muestras, venta o alquiler de películas cinematográficas y entradas a
exposiciones y similares que realizare la autoridad forestal.
f)
Las contribuciones voluntarias de las empresas, sociedades, instituciones y
particulares interesados en la conservación de los bosques y las donaciones y
legados, previa aceptación por el Poder Ejecutivo.
g)
Las rentas, de títulos o intereses de los capitales que integran este fondo
forestal.
ARTICULO 244°: Los recursos del fondo
provincial de bosques se destinarán a los siguientes fines:
a)
Creación y aprovechamiento de bosques fiscales provinciales.
b)
Programas de investigación forestal.
c)
Arbolado de caminos provinciales.
d)
Fomento de la forestación en el sector privado.
CAPITULO IX
TRANSITO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES
ARTICULO 245°: El Poder Ejecutivo por
intermedio del organismo competente reglamentará la forma y condiciones en que
deberá efectuarse el transporte de los productos forestales.
ARTICULO 246°: Las empresas de transporte
no podrán aceptar cargas de productos forestales que no se hallen
individualizados por la respectiva documentación.
En caso de contravención se
hará pasible el infractor del pago de una multa de hasta el valor transportado.
TITULO II
SANIDAD VEGETAL
PLAGAS
ARTICULO 247°: El Poder Ejecutivo, a
través del organismo técnico competente, enumerará las principales causas
adversas a la vegetación sobre las que ha de recaer su acción y de éstas sólo
podrá declarar plagas aquéllas para cuyo control se determine procedimientos
técnicos, económicos y de eficacia reconocida.
CAPITULO II
OBLIGACION DE COMBATIR LAS PLAGAS
ARTICULO 248°: Los propietarios,
arrendatarios, usufructuarios u ocupantes de tierras fiscales o privadas,
tienen la obligación de destruir dentro de los inmuebles que posean u ocupen
las plagas declaradas tales por el organismo técnico competente.
Las tareas de destrucción o
combate de las plagas deberán practicarlas sin derecho a retribución alguna
mediante procedimientos idóneos y el empleo de los medios y recursos
conducentes a tal finalidad.
Deberán de inmediato
notificar al organismo competente la aparición de la plaga y manifestar si los
elementos con que cuentan son suficientes para combatirla o lograr su
destrucción.
ARTICULO 249°: En los bienes de dominio
público o privado provincial o de los municipios, las autoridades respectivas
deberán dar estricto cumplimiento a las normas estatuidas precedentemente.
ARTICULO 250°: El Poder Ejecutivo, con
intervención del organismo competente, podrá disponer la destrucción total o
parcial de la vegetación y de sus partes, aún sin previa declaración de plaga,
cuando se verifique la existencia de causas adversas y medien motivos de
interés general.
CAPITULO III
CONTROL DE LA PRODUCCION
ARTICULO 251°: Quedan sujetas al control
sanitario del organismo competente las siguientes personas físicas o jurídicas:
a)
Las que se dediquen a la cría, venta de plantas o sus partes con fines de
propagación.
b)
Las que realicen trabajos de lucha contra las plagas con fines de lucro.
c)
Las que desarrollen actividades relacionadas con la sanidad vegetal, cuya
autorización y registro considere el Poder Ejecutivo necesarios para realizar
las funciones de contralor fitosanitarias.
ARTICULO 252°: Las personas o sociedades
expresadas en el artículo anterior deberán inscribirse en un registro especial
que llevará el organismo competente y cumplir con las normas prescriptas por
este código y los reglamentos que se dicten.
ARTICULO 253°: Todo producto o máquina
destinada al control de las causas adversas a la vegetación y/o sus partes,
deberá ser aprobada por el organismo competente a fin de poder venderse
libremente dentro del territorio de la Provincia.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 254°: Si el organismo competente
comprobare la existencia de plagas no sometidas o controladas deficientemente,
intimará a los responsables al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el artículo 248°.
ARTICULO 255°: Vencido el plazo de la intimación
a que se refiere el artículo anterior sin haber dado cumplimiento a la misma,
el organismo competente podrá disponer la realización de los trabajos
pertinentes con cargo a los responsables, sin perjuicio de aplicarles las
sanciones a que hubiere lugar.
ARTICULO 256°: En el supuesto de
disponerse la destrucción total o parcial de la vegetación o sus partes por
verificarse la existencia de causas adversas a la misma, el organismo
competente procederá previamente a justipreciar el valor de los bienes sobre la
base del estado en que se encuentran, deduciendo los beneficios pecuniarios que
estime pudieren obtenerse de ellos una vez destruidos.
ARTICULO 257°: El organismo competente, en
el caso del artículo 150°, deberá indemnizar los perjuicios que se hayan
ocasionado con la destrucción de la vegetación o sus partes, de acuerdo con la
tasación a que se refiere el artículo anterior y siempre que en el plazo
perentorio de sesenta días, a contar de la fecha en que se dio comienzo a los
trabajos, así lo peticionen los interesados.
ARTICULO 258°: No habrá derecho a
indemnización en los casos en que se hubiesen desobedecido las órdenes de lucha
impartidas en el organismo competente o se probase que los vegetales iban a ser
destruidos por la plaga.
CAPITULO V
NORMAS COMUNES A LA DEFENSA AGROPECUARIA
ARTICULO 259°: La sanidad animal y vegetal
se declaran de interés público y se regirán por las normas que este código
establece, en la defensa de los intereses agropecuarios de la Provincia. En las
materias regladas por leyes nacionales, deberá obrarse de conformidad a lo en
ellas establecido.
ARTICULO 260°: Se declara obligatoria el
control y/o la erradicación de las enfermedades infecto-contagiosas o
parasitarias de los animales y de las causas adversas de origen biológico
declaradas plagas de las plantas que viven o crecen bajo el control del hombre.
ARTICULO 261°: El Poder Ejecutivo, por
intermedio del organismo competente está facultado para:
a)
Desarrollar e intensificar la investigación y experimentación de elementos y
métodos destinados a mejorar el estado de sanidad animal y vegetal de la
Provincia.
b)
Extender o divulgar, especialmente entre los productores, los conocimientos
técnicos actualizados relativos a la sanidad agropecuaria.
c)
Ejecutar, cuando razones de interés general así lo requieran, campañas de lucha
contra las plagas y especies depredadoras de la agricultura y de la ganadería.
d)
Crear y organizar registros que faciliten sus funciones de contralor sanitario.
e)
Efectuar periódicamente el relevamiento estadístico en materia de sanidad
animal y vegetal.
ARTICULO 262°: Toda persona física o
jurídica que en forma o transitoria se dedique a la crianza de animales o
cultivo de plantas, el transporte o venta de ganado o plantas, a la elaboración,
extracción, transporte o venta de productos o sub-productos de origen animal o
vegetal, está obligada a prestar toda la colaboración necesaria al personal
técnico encargado de aplicar o fiscalizar el cumplimiento de las normas
estatuidas en este código y los reglamentos.
ARTICULO 263°: La fuerza pública deberá
prestar auxilio a los agentes de la Administración Pública Provincial que
pertenezcan al cuerpo técnico sanitario agropecuario, en los casos en que éstos
requieran su intervención, a fin de dar cumplimiento a las normas de policía
sanitaria animal o vegetal.
SECCION TERCERA
DE LAS ESPECIES SILVESTRES
ANIMALES Y VEGETALES
TITULO UNICO
PROCEDIMIENTOS DE APROPIACION
CAPITULO I
CAZA
PARAGRAFO 1- NORMAS GENERALES
ARTICULO 264°: Declárase de interés
público la fauna silvestres, que incluye a todas las especies animales que
viven fuera del contralor del hombre, en ambientes naturales o artificiales con
exclusión de los peces, moluscos y crustáceos.
ARTICULO 265°: Se entiende por acto de
caza todo arte o técnica que tiende a buscar, perseguir, acosar, apresar o
matar los animales silvestres, así como la recolección de productos derivados
de aquéllos, tales como plumas, huevos, guano, nidos o cualesquiera productos o
sub-productos de dichos animales.
ARTICULO 266°: La caza de animales de la
fauna silvestre, su persecución o muerte, sea cual fuere el medio empleado o el
lugar donde se efectúe, la destrucción de nidos, huevos o crías y el tránsito o
comercio de sus cueros, pieles o productos, se efectuarán de conformidad con
las disposiciones contenidas en este código, y sin perjuicio de lo prescripto
en los artículos 2540 y concordantes del Código de Comercio.
ARTICULO 267°: Prohíbese la introducción
de animales vivos de especies foráneas, ya sea en libertad o en criadero, salvo
que medie autorización expresa y previa del organismo competente.
PARAGRAFO 2- EJERCICIO DEL DERECHO
ARTICULO 268°: Toda persona que, estando
autorizada para ejercer 1, caza de conformidad en el artículo 274 de este
código, deseare practicarla en terreno de dominio privado, deberá requerir,
como medida previa, autorización escrita del ocupante legal del campo.
ARTICULO 269°: El derecho de caza puede
ejercerse en todos los lugares que no estén expresamente vedados, ya sean de
propiedad pública o privada, siempre que se hubiese obtenido la autorización
correspondiente.
Los fundos vecinos a aguas
provinciales sin acceso público, quedan gravados con una servidumbre de paso
para las necesidades de la caza.
ARTICULO 270°: Los propietarios dentro de
los límites de sus predios sólo podrán cazar de conformidad con las
prescripciones de este código y los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 271°: El cazador responde de la
culpa o imprudencia por los actos que realizare, en la forma que lo estatuyan
las leyes comunes y está obligado a indemnizar el daño que causare.
Sin perjuicio de ello, podrá
ser pasible de multa, decomiso o inhabilitación por infracción a las
disposiciones de este código.
ARTICULO 272°: El Poder Ejecutivo fijará
las zonas y períodos de caza y veda con miras a la protección de la fauna
silvestre y el control de las especies dañinas o de las plagas a la producción
agropecuaria, facultad que podrá delegar en el organismo competente.
PARAGRAFO 3 - PROHIBICIONES
ARTICULO 273°: Prohíbese en el ejercicio
de la caza:
a)
El empleo de todos aquellos medios que tengan por objeto la captura en masa de
las aves y otros animales silvestres, la formación de cuadrillas de a pie o a caballo;
b)
El uso de hondas, redes, trampas, cimbras, mangas, lazos, sustancias tóxicas,
venenosas o gomosas, explosivas, armas o métodos nocivos, armas de calibre no
autorizado o a bala en la caza deportiva volátil;
c)
Practicarla en el ejido de las ciudades, pueblos, lugares urbanos o suburbanos,
caminos públicos y en todas aquellas áreas habituales, concurridas por público,
a una distancia mínima que deberá fijarse por la reglamentación;
d)
Perseguir y tirar sobre animales desde vehículos - automotores, embarcaciones y
aeroplanos, con excepción de botes o canoas a remo;
e)
Actuar en zonas declaradas parques, reservas, refugios o santuarios y todo otro
lugar expresamente prohibido;
f)
Practicarlas en horas de la noche o con la luz artificial;
g)
Transitar con armas descubiertas o preparadas, en las zonas mencionadas en los
incisos c) y e);
h)
Disparar sobre animales atascados o inmovilizados por cualquier causa:
i)
Disparar con armas automáticas o provistas de millas infrarrojas o
silenciadoras;
j)
Efectuar disparos "en salva" o sucesivos de más de un cazador sobre
la misma pieza;
k)
Utilizar perros galgos en la caza de la liebre.
PARAGRAFO 4 - LICENCIAS DE CAZA.
ARTICULO 274°: Las personas que reúnan los
requisitos requeridos para ejercer el derecho de caza en la forma establecida
en este código deberán solicitar a la autoridad competente la "licencia de
caza" (deportiva, comercial o plaguicida) debiendo los interesados dar
cumplimiento a las normas estatuidas en los reglamentos que al efecto dicte el
Poder Ejecutivo y que determinarán el importe a pagar, duración, condiciones,
forma y oportunidad de su obtención.
ARTICULO 275°: La licencia de caza es
personal e intransferible.
ARTICULO 276°: Se entiende por caza
deportiva el arte lícito de cazar animales silvestres con elementos permitidos
y sin fines de lucro.
ARTICULO 277°: Prohíbese en el ejercicio
de la caza deportiva, además de los establecido en el artículo 273:
a)
Cazar sin llevar consigo la licencia de caza;
b)
Apropiarse de mayor número de ejemplares que el fijado por la autoridad
competente, con excepción de las especies que hayan sido declaradas plagas o
circunstancialmente dañinas o perjudiciales.
ARTICULO 278°: Se entiende por caza
comercial aquella que se practique sobre animales silvestres, con fines de
lucro y por lo medios permitidos. La tenencia de los ejemplares, productos y
sub-productos provenientes de caza comercial, incluidos los que resulten de su
transformación, deberá ajustarse a los requisitos que reglamentariamente se
establezcan.
ARTICULO 279°: Se entiende por caza
plaguicida aquélla que se practica con el propósito de controlar especies
declaradas plagas o circunstancialmente perjudiciales o dañinas.
ARTICULO 280°: Autorízase la caza
plaguicida en todo época sin limitación del número de piezas cobradas. Podrá
realizarla todo cazador que tenga licencia de caza o con autorización expresa y
sin cargo los productores agropecuarios cuando la practicaren en su predio. La
venta de las piezas cobradas es libre, salvo las normas que se establezcan
sobre transporte de los productores de la caza.
ARTICULO 281°: Exceptúase, para la caza
plaguicida, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos a),
b) y f) del artículo 273° sin perjuicio de la reglamentación que se dicte.
ARTICULO 282°: El organismo competente
desarrollará campañas de lucha contra las especies depredadoras de la ganadería
y otras perjudiciales o dañinas, y fijará primas sobre las pieles u otros
productos como estímulo para su caza, en coordinación con los plantes que el
Gobierno Nacional u otros gobiernos provinciales ejecuten con análogo
propósito.
ARTICULO 283°: Se califica como caza
científica por este código a toda aquélla que efectúa con fines de
investigación o para la exhibición zoológica de las piezas cobradas y sin fines
de lucro. Para el ejercicio de esta caza se requerirá un permiso otorgado por
el organismo competente.
ARTICULO 284°: Para la caza deportiva,
comercial, plaguicida o científica, el Poder Ejecutivo determinará las artes,
armas y calibres a emplearse, facultad que puede delegar en el organismo
competente.
ARTICULO 285°: Podrán declararse asimismo
cotos de cazas aquéllas porciones de terreno que por su naturaleza y
características sean aptas para el ejercicio de prácticas cinegéticas.
PARAGRAFO 5 - PRODUCTOS DE CAZA
ARTICULO 286°: Autorízase al Poder
Ejecutivo a fijar la cantidad de piezas a cobrar diariamente por cada cazador,
por especie y en conjunto, de acuerdo con la finalidad de conservación de la
fauna silvestre y a reglamentar el tránsito de los productos de la caza.
ARTICULO 287°: Toda especie no mencionada
expresamente como susceptible de caza en los reglamentos que al efecto dicte el
Poder Ejecutivo, se considera protegida y su caza prohibida, así como la
tenencia y el comercio de ejemplares vivos o de sus productos o despojos.
ARTICULO 288°: Prohíbese en jurisdicción
provincial la compraventa de productos de sub-productos animales derivados de
caza deportiva.
PARAGRAFO 6 - DECOMISOS
ARTICULO 289°: Sin perjuicio de las
sanciones previstas, el infractor se hará pasible del decomiso de las especies
vivas aprehendidas, sus despojos o productos y de las armas u objetos de caza
utilizados en la comisión de la infracción, excluido el perro de levante, y de
inhabilitación para cazar utilizados en la comisión de la infracción, incluido
el perro de levante, y de inhabilitación para cazar por uno o más períodos
cuando la reiteración o gravedad de la infracción así lo requiera.
ARTICULO 290°: Las piezas provenientes de
la caza y que fueren secuestradas, se entregarán bajo recibo, sin cargo, a
entidades de bien público, salvo que no fueren aptas para el consumo con
destino a alimentación.
Los ejemplares vivos serán
liberados y los despojos o productos (cueros, pieles, plumas y otros), vendidos
en la forma que lo resuelva el organismo competente.
Aquellas especies que por su
naturaleza no puedan ser dejadas en libertad, serán entregadas a personas o
entidades con fines científicos, culturales o didácticos y las que se
consideren plagas, dañinas o perjudiciales serán eliminadas en el momento de
labrarse el acta de comprobación de la infracción.
ARTICULO 291°: Las armas u objetos
destinados a la cacería que se decomisen, podrán ser subastadas o afectarse al
uso del patrimonio del organismo competente, si así conviniere.
CAPITULO II
PESCA
Capítulo II -artículos 292°
al 330°- derogado por Ley 11.477.
LIBRO TERCERO
DE LAS AGUAS Y LA ATMOSFERA
SECCION UNICA
DEL USO AGROPECUARIO DEL AGUA Y ATMOSFERA
TITULO I (*)
REGIMEN DEL RIESGO
(*) Los artículos 331 al 407
fueron derogados por la Ley 12.257.
TITULO II
REGIMEN DEL CLIMA
CAPITULO UNICO
ARTICULO 408°: Las modificaciones del
clima, logradas mediante siembra de nubes u otros sistemas orientados a
provocar lluvias artificiales, evitar el granizo u otros fenómenos
atmosféricos, deberán ser autorizados por el organismo competente, aún cuando
se intente la mera realización de experiencias con carácter científico.
La entidad administradora
del riego, a consecuencia de reestructuraciones o nuevas áreas de riego que se
pongan en funcionamiento, podrá de oficio empadronar las hectáreas de riego que
considere necesarias.
ARTICULO 409°: Los daños e intereses que
puedan provocarse en las instalaciones o propiedades de terceros por efecto de
la autorización conferida por el permiso a que se refiere el artículo anterior,
deberán ser indemnizados por el permisionario, en cuanto pueda demostrarse la
vinculación del perjuicio sufrido por el reclamante por el fenómeno o cambio de
clima producido.
CAPITULO FINAL
ARTICULO 410°: El presente código regirá a
partir de la fecha de su promulgación.
ARTICULO 411°: Derógase la Ley 7.616.
ARTICULO 412°: Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y archívese.
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